Apuntes históricos de la Ley 3058 y el IDH
Napoleón Ardaya Borja[*]
Acaban de cumplirse 15 años de la promulgación de la Ley 3058 (Nueva Ley de Hidrocarburos), en cuyo texto se crea el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que ha permitido los mayores ingresos económicos al Estado Boliviano en toda su historia.
Inicialmente, en mi rol de vicepresidente y luego de presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, tuve el privilegio de trabajar con otros parlamentarios en la elaboración de propuestas concretas, contando con el apoyo permanente de brillantes profesionales durante todo el proceso.
En medio de esa tarea, nunca olvido el día que Carlos Delius me dijo: “Esto hay que escribirlo, porque un día aparecerán muchos ‘padres’ de esta propuesta”. Tenía toda la razón del mundo. Hoy, hasta los que se oponían y votaron en contra, pretenden ser los gestores de los beneficios que trajo la ley.
Por el otro lado, sea por ignorancia o por intereses subalternos de alguna gente, se han ido construyendo algunos mitos que necesitan ser aclarados.
Contexto
Recordemos que el 17 de octubre de 2003, ante la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, asume la presidencia de la República Carlos Mesa Gisbert.
El 13 de abril de 2004, el gobierno convoca por Decreto Supremo a un referéndum para consultar sobre la “Nueva Política de los Hidrocarburos”. Luego de meses de discusión, el 6 de julio, el Congreso Nacional aprueba una Ley Marco del Referéndum (Ley 2769) y, en un artículo transitorio, valida la convocatoria al “Referéndum por los Hidrocarburos”. La consulta popular se realiza el domingo 18 de julio de ese año.
El viernes 30 de julio, el Congreso Nacional justamente había concluido su periodo legislativo 2003-2004. Esa noche, el presidente Mesa dio un discurso a la nación anunciando su proyecto de “Ley de cumplimiento del referéndum” y pidiendo su inmediato tratamiento. Era una jugada para poner presión contra el Poder Legislativo, que estaba impedido de convocar inmediatamente a sesiones, hasta que no se instale oficialmente el periodo 2004-2005 y se conformen las nuevas directivas camarales. Eso tenía que suceder en la primera semana de agosto. La mención de estos hechos es necesaria, para demostrar el clima de permanente tensión entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
El proyecto de Mesa, que en términos coloquiales se le denominó “Ley corta”, fue rechazado a principios de septiembre por insuficiente, pues se limitaba a los resultados del referéndum y no encaraba el tema de los hidrocarburos de manera global. El Ejecutivo se comprometió a elaborar otro proyecto –“Ley larga”- que fue enviado en las siguientes semanas al Congreso para su consideración.
Trabajo de la Brigada Parlamentaria Cruceña
En medio de todas esas idas y venidas, procedimentales y mediáticas, entre el Ejecutivo y Legislativo, se produce un trabajo intenso de la Brigada Parlamentaria Cruceña junto con sus similares de los otros departamentos productores de hidrocarburos, y surge la iniciativa de discutir una propuesta alternativa.
Norah Soruco de Salvatierra presidía la Brigada Parlamentaria Cruceña y yo le acompañaba como vicepresidente. Bajo su liderazgo, organizamos sendas audiencias públicas en Tarija, Santa Cruz y Cochabamba, en coordinación con las Brigadas de esos departamentos, además de la de Chuquisaca, buscando la participación de la sociedad civil y de los entes técnicos del rubro, con una amplitud democrática y pluralista. Todos los sectores tuvieron la oportunidad de ser escuchados.
Con esos antecedentes, al ser elegido presidente de nuestra Brigada el 11 de octubre de 2004, aseguramos la continuidad de esta importante tarea.
Es bueno recordar que el gobierno de Carlos Mesa proponía el cobro a las empresas petroleras de 18% de regalías, compensaciones y participaciones, más un 32% de impuestos complementarios (ICH), calculados en puntos de fiscalización, que al hacer cuentas era nomás permitir las consabidas deducciones por parte de las multinacionales. Cambiar todo para cambiar nada.
Por otro lado, el MAS proponía 50% de regalías, eso quería decir que el 12% iría destinado a las regiones a través de regalías y compensaciones (11% departamentos productores y 1% para Beni y Pando); pero que el resto iría al gobierno central. Además, planteaba el serio riesgo de que el Estado Boliviano sea sometido a arbitrajes internacionales, porque el tema de aumentar las regalías significaba romper los contratos firmados con las empresas petroleras.
En la Brigada Cruceña, parlamentarios de diferentes corrientes políticas, con el apoyo incondicional de brillantes asesores como Carlos Delius, Javier Mansilla (Q.E.P.D), Mario Rojas, Percy Cuéllar, entre otros, fuimos elaborando una propuesta alternativa en la que incluíamos la creación del IDH, a ser cobrado como regalías, es decir en “boca de pozo” y sin deducciones, pero que no violaba los contratos, pues nadie podía demandar a un Estado soberano por crear nuevos impuestos. Además, al ser un impuesto nacional, era coparticipable por gobiernos departamentales, municipales y universidades. Un verdadero avance en consolidar recursos económicos para las autonomías, que era nuestro otro frente de lucha.
El debate
No era fácil. Mientras nosotros trabajábamos nuestra propuesta, también había iniciativas en los otros departamentos productores, con cuyas brigadas debíamos conciliar para mantener un frente unido, que incluía a Beni y Pando, beneficiarios de las compensaciones.
Las regiones no productoras también tenían sus posiciones. Las más radicales eran aquellas que se sentían empoderadas por la denominada “agenda de octubre”.
Pero, además de lo regional que era representado por las brigadas, también teníamos que lidiar con intereses partidarios, ideológicos, y económicos. Intentar comunicar una visión de país, con propuestas de políticas de Estado serias para el futuro, era un verdadero desafío. Un desgastante trabajo de filigrana.
En el procedimiento legislativo, la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Diputados, presidida por Santos Ramírez, había desechado la “Ley larga” presentada por el gobierno y había optado por el denominado “Proyecto de la Comisión”, que recogía mayoritariamente la propuesta del Movimiento al Socialismo.
Eso significaba que, durante el debate en el pleno de la Cámara, tanto en la instancia “en grande” como “en detalle”, la base de discusión no era el proyecto del gobierno ni el nuestro, sino el de la Comisión, que ya dijimos, representaba mayormente la visión del MAS.
O sea, a un escenario ya de por sí complejo, se añade este ingrediente de intentar transformar un proyecto concebido con otra intencionalidad ideológica y partidaria, en un instrumento que sea medianamente saludable para el país.
La pelea, artículo por artículo, fue tenaz. En algunos artículos ganamos, en otros perdimos, en otros logramos atenuar peligros e irracionalidades.
Lograr que nuestra propuesta del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), sea incorporada en el texto de la ley, fue una batalla durísima, no solo externa sino también interna. Para citar un ejemplo, al tratar este artículo en la instancia de revisión, sufrimos la defección de un diputado cruceño que, paradójicamente, representaba a una región petrolera.
Promulgación
Tras ese largo proceso, el 6 de mayo de 2005 se termina de aprobar la ley y se la envía inmediatamente al poder Ejecutivo para su promulgación.
El presidente Mesa, que públicamente se había opuesto al texto aprobado, tenía tres opciones: promulgarla, devolverla al Congreso con observaciones para su modificación, o quedarse en silencio. Optó por la tercera. Al cumplirse el plazo constitucional, Hormando Vaca Díez, en un gran acto de valentía, hizo uso de su facultad como presidente del Congreso Nacional y promulgó la Ley 3058 el 17 de mayo de 2005.
La ley promulgada no era precisamente todo lo que la Brigada Parlamentaria Cruceña había trabajado. Tampoco era todo lo que el propio Vaca Diez seguramente hubiera querido, por eso declaró: “Esta ley es perfectible, pero es mejor que la vigente”. (El País, 17/05/05).
Por esa razón pondero la valentía de Hormando Vaca Díez, porque, al promulgar la ley, asumió la responsabilidad histórica por ella, esa que no quiso asumir el presidente de la República.
[*] Expresidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña.
Miembro de número de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz
