SANTA CRUZ, AGOSTO DE 1957
Litigio Territorial entre Santa Cruz y Chuquisaca
POR HERNAN ARDAYA PAZ
Conferencia pronunciada en la “Sociedad de Estudios Historiaos y Geográficos” SANTA CRUZ, AGOSTO DE 1957. 3 La historia es el alma del pasado: en ella vienen personificados hasta los hechos más remotos y las figuras de la humanidad que sobresalieron en una época de la rueca de la existencia; por eso en la Grecia mitológica se representaba a Clío coronada de laureles y con una citara en la mano para trasmitir al futuro las glorias del pretérito. Es en esa inagotable fuente del ayer donde debemos buscar los más bellos y gloriosos ejemplos que nos legaron las pasadas generaciones. Al haberme correspondido el inmerecido honor de dirigirme a mis distinguidos consocios de esta ilustre institución, he querido traer a vuestras mentes, dentro de mis posibilidades intelectuales, algunos acontecimientos históricos que, en una época no muy lejana todavía, despertaron las inquietudes de nuestros antepasados, movilizando generaciones en defensa de un derecho y una conquista. Los siglos XVIII, XIX y parte del presente, fueron testigos de un ruidoso litigio entre los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca, respecto al territorio de la Provincia de Cordillera, perteneciente al primero de los nombrados. Esta causa fue ardientemente defendida por destacados intelectuales de ambas partes litigantes, conforme lo veremos en el curso de estas páginas. Santa Cruz alegaba tener jurisdicción sobre todo el ángulo formado por los ríos Paraguay y Pilcomayo y la cordillera de Incahuasi. Por su parte Chuquisaca sostenía que sus dominios se extendían hasta la ribera meridional del rio Grande o Guapay, comprendiendo sus pretensiones territoriales, por el Este hasta la zona de Charagua. Los documentos históricos, jurídicos y geográficos que analizaremos a continuación, nos darán la pauta sobre el derecho que les asistía en la zona objeto del litigio. Para ello, es preciso que nos remontemos a la época más remota de la Historia de América. Luego que el gran visionario genovés abriera una ruta en el Atlántico, desembarcando con sus tres carabelas en tierras del nuevo mundo, el Papa Alejandro VI, mediante Bula del 1 493. Otorgó a los reyes católicos de España Dn. Fernando de Aragón y Doña Isabel de Castilla, el derecho para conquistar toda la parte ubicada al occidente de los territorios concedidos a los reyes de Portugal, bajo las estrictas condiciones de civilizar a las tribus conquistadas, bajo el signo de la cruz.
Atraídos por el señuelo de conquista y de aventura, se abalanzaron sobre los nuevos dominios de España, súbditos españoles de toda estirpe y condición. Mientras que el Collasuyo recibía la invasión de elementos de linaje y antecedentes oscuros, el oriente del Alto Perú era ocupado por hidalgos sedientos de aventura, descendientes de la nobleza extremeña o andaluza de «buena casa y limpia ejecutoria», según los llamó Enrique Finot; como los Manso, Chaves, Hurtado de Mendoza, Solís Holguín, Suárez de Figueroa y otros, La conquista y colonización del Oriente Boliviano se inició con las primeras expediciones de Ñuflo de Chaves tras la ruta de «EL DORADO», ilusión que acariciaron por mucho tiempo los conquistadores, fundó este primeramente la ciudad de SAN LORENZO DE LA BARRANCA en fecha 10 de agosto de 1.559, sobre la margen oriental del rio Grande o Guapay. Al mismo tiempo, el Capitán Dn. Andrés Manso fundaba la ciudad de «SANTO DOMINGO DE LA NUEVA RIOJÁ», en la ribera del rio Condorillo o Parapiti, destruida pocos años después por un asalto nocturno de los indios chiriguanos.
Estas arriesgadas exploraciones y sus correspondientes fundaciones constituyen los primeros eslabones de la conquista y civilización de la chiriguanía, como ser: la primera comisión encomendada al capitán Andrés Manso para el descubrimiento y la conquista de los llanos del Chaco, territorio ignoto situado más allá de la cordillera de los Chiriguanos; posteriormente con la transacción hecha entre les dos conquistadores de la Chiriguanía: Manso y Ñuflo de Chaves, la muerte de aquel, en 1.564, quedó como único gobernador de todas las tierras comprendidas al oriente del valle de Tomína y las sierras de Pocona. Por disposición del Virrey del Perú, el Marqués de Cañedo Dn. Andrés Hurtado de Mendoza, quedó establecida la gobernación de Santa Cruz en 1.560, con los linderos antes mencionados.
De esta manera quedaba bajo la jurisdicción de Santa Cruz de la Sierra, todo el territorio que comprendía la Cordillera de los Chiriguanos y el ángulo formado por los ríos Paraguay y Pilcomayo y la serranía de Incahuasi. A la muerte del intrépido capitán Ñuflo de Chaves, el Virrey del Perú Dn. Francisco de Toledo, instruyó al sucesor de aquel, Dn. Juan Pérez de Zurita, para que pacifique toda la cordillera de los chiriguanos, por constituir éstos un serio peligro para los habitantes de la ciudad de Charcas. Para mejor ilustración y documentación, transcribimos a continuación una parte de dicha autorización que dice: «Luego que salgáis de la Provincia de los Charcas iréis a la parte que llaman «La Barranca», que es de vuestra gobernación, y, con la gente y servicio que allí os viniere de la ciudad de Santa Cruz, tratareis de echar de allí a los indios chiriguanaes y traer la paz a los indios naturales de aquella provincia, ofreciéndoles amparo y defensa contra los indios chiriguanaes, sus enemigos y de quienes tantas vejaciones y daños han recibido». En otro párrafo del mismo documento dice; «Acabada la población de la Barranca en forma que está dicha en el capítulo antes de este, pasareis a la provincia de «Condorillo» (río Parapetí) donde, en la parte más cómoda que os pareciere, fundareis otro pueblo, de la manera y por orden que os mando que tuvieses desde la población de la Barranca y en aquella parte. Y antes que entreis, en la ciudad de La Plata y su comarca, para mayor verificación que yo tengo hecha y de las que por la Real Audiencia de los Charcas se ha mandado hacer, haréis información por ante escribano, de los daños que los dichos chiriguanaes han hecho y hacen en los indios naturales de «Condorillo» y «La Barranca». Por los breves párrafos que hemos transcrito, puede comprobarse el afán del Virrey del Perú Dn. Francisco de Toledo, para combatir a los chiriguanos, habiendo resuelto realizar personalmente una campaña contra los indicados salvajes, no obstante que los encomenderos de Charcas y Potosí le escatimaron su ayuda. Sin embargo, este antecedente nos demuestra el carácter irascible, belicoso e inconquistable del chiriguano, habiendo constituido una latente amenaza para los conquistadores a lo largo de las tres centurias del dominio hispano. Y fueron solamente los cruceños, conforme lo veremos más adelante, quienes sostuvieron la guerra legendaria con la chiriguanía, cuyos dramáticos episodios nos hacen recordar las guerras médicas o la del Peloponeso. Fue sólo merced a ese valor perseverante de los cruceños que pudo mantenerse a raya al indómito chiriguano, conquistando cada palmo de territorio con heroicos sacrificios. La guerra sin tregua contra la feroz tribu chiriguana había sido decretada mediante Cédula Real de 19 de diciembre de 1568, cuya ejecución se encomendó a los Gobernadores de Santa Cruz, a quienes se les amplió su jurisdicción hasta el valle de Tomína, según carta de la Audiencia de Charcas de 1.575 que figura en el Archivo de Indias de Buenos Aires
El año 1.580 fue designado Gobernador de Santa Cruz el capitán Dn. Lorenzo Suárez de Figueroa, habiéndosele encomendado la principal misión de proceder a la conquista y sometimiento de los indios chiriguanos. Suárez de Figueroa designó a Gonzalo Solís de Holguín «Capitán General de la conquista de los chiriguanos». Pocos años después, al haber reducido y convertido en aliado al cacique «Curapay», de la tribu chiriguana lo designó «Capitán General de todos los chiriguanos», con lo que se consiguió obtener una tregua muy momentánea en esta guerra de conquista, pues, pronto murió el cacique aliado y las cosas volvieron al mismo estado de antes. Como otro fundamento en respaldo de la jurisdicción cruceña sobre el territorio de la chiriguanía, cabe destacar que al haberse erigido el Obispado de Santa Cruz de la Sierra, por Bula Papal de 12 de julio de 1.605, se le asignó el mismo territorio asignado a su gobernación. La misma jurisdicción territorial asignada a la gobernación de Santa Cruz de la Sierra, se halla también respaldada por capitulación del Virrey del Perú de fecha 2 de octubre de 1592. Al encomendar al capitán Gonzalo Solís de Holguín, la fundación de la ciudad de «San Lorenzo de la Frontera» en los llanos de Grigotá. Estos y otros tantos actos administrativos sobre toda la cordillera de los chiriguanos, demuestran de una manera irrefutable la jurisdicción que ejerció la Gobernación de Santa Cruz sobre dicho vasto territorio. Una serie de fundaciones en esa aguerrida comarca, dan cuenta de la tenacidad de los cruceños por conquistar y civilizar esas tierras, Entre estas fundaciones, podemos anotar las siguientes, aunque de una manera somera:
1.- «EL LIMÓN», llamada también «Presentación de nuestra señora» o misión del Guapay, fundada en 1.691 por los Padres Sea y Zenteno. En 1 696 fue destruida totalmente por un alzamiento de los salvajes. En el mismo sitio donde se hallaba ubicada esta misión, hoy se encuentra la laguna de «Opabusú».
2.- «PIRAI», fundada por los sacerdotes Jesuitas en 1.768. Actualmente ha desaparecido por completo
3.- Abapo fundada en 1771 por fray Francisco del Pilar, fue la primera capital de la provincia de Cordillera al declararse la independencia
4.- «FLORIDA», fundada en 1781 por Fray Francisco del Pilar. Actualmente es un cantón de la Provincia de Cordillera
5.- «CABEZAS», fundada en 1.769 por el Padre Melchor Mariscal. En la actualidad es la tercera sección de la Provincia de Cordillera.
6.- «SAN CARLOS DE SAIPURU», fundada por el infatigable Fray Francisco del Pilar en 1.788.
7.- «SAN MIGUEL DE MEMBIRAY», fundada en 1798, sobre la margen izquierda del río «Condorillo» o «Parapeti». A esta serie de fundaciones, siguen otras que, aunque de menor importancia que las anteriores, definen de una manera inequívoca, la jurisdicción y el derecho posesorio sobre toda la Cordillera de los Chiriguanos. Así tenernos por ejemplo las misiones de «MASAVI», «IGMIRí» «TACURÚ», «TAPUITA», «PIRITI», «PARAPITI», «GUIRAPUCUTI» y otras, muchas de las cuales fundadas por el gran misionero Fray Francisco del Pilar, con la colaboración y sostenimiento de los gobernadores y vecindario de Santa Cruz.
Sobre estos actos de plena jurisdicción ejercida por Santa Cruz desde los primeros tiempos de la conquista y colonia, constituye un respaldo jurídico la Cédula Real de 17 de diciembre de 1743, la misma que señala como territorio de la Gobernación cruceña, todo el territorio comprendido entre los ríos Paraguay y Pilcomayo, determinándole como límite occidental la serranía de Incahuasi.
De la misma manera, tenemos igualmente la Cédula Real de 1.777 y la Real Orden de 31 de enero de 1.784, Pero todas estas disposiciones no hacen otra cosa que confirmar las disposiciones anteriores que señalaron los límites de Santa Cruz al erigirse en Gobernación, de las cuales ya nos hemos ocupado en las páginas precedentes. Las últimas décadas del siglo XVII están saturadas de grandes acontecimientos bélicos que sirvieron para que los cruceños demuestren una vez más su jurisdicción sobre los territorios de la Chiriguanía.
No siendo el propósito de esta conferencia, relatar todos los episodios de la guerra chiriguana, sólo nos hemos de referir a aquellos más importantes que constituyen una prueba indiscutible de la jurisdicción cruceña sobre la zona litigada.
El año 1.727 se produjo una gran sublevación indígena encabezada por el caudillo «ARUMA» en todas las misiones establecidas en el territorio comprendido entre los ríos «Grande» o «Guapay», Parapetí,» «Azero» y Pilcomayo. Cumpliendo instrucciones del Virrey del Perú, se movilizaron las milicias de Santa Cruz y Tarija para sofocar el alzamiento. El Padre Corrado, misionero Franciscano, en su obra «EL COLEGIO FRANCISCANO» expresa textualmente lo siguiente: «Los cruceños hicieron prodigios de valor. En una penosa campaña de cuatro meses recorrieron todos los pueblos chiriguanos deseminados en las orillas del Parapetí, en los campos de CUEVO, en las cañadas de GUACAYA, HASTA EL PILCOMAYO. En esta arriesgada campaña contra los continuos alzamientos chiriguanos, para nada intervino la Gobernación de Chuquisaca. Poco tiempo había de durar la pacificación impuesta en la campaña del año 1.727,
En 1.735, se produjo una gran sublevación general en toda la chiriguanía, habiéndose extendido a todas las misiones hasta entonces establecidas; hasta la propia ciudad de Santa Cruz de la Sierra se encontró en grave peligro. Para conjurar esta situación, el Cabildo de Santa Cruz dispuso la movilización general de todo el vecindario y la contribución obligatoria con armas, caballos y hombres para la pacificación de los chiriguanos, Esta campaña estuvo dirigida por el Gobernador de Santa Cruz, Dn. Antonio Argomosa y Zeballos. La victoria de los cruceños sobre los sublevados fue completa, aunque no duradera. En favor de Santa Cruz, tenemos igualmente el libro del Padre Antonio Comajuncosa, titulado «MANIFIESTO HISTÓRICO». Esta obra tiene un gran valor histórico por las siguientes razones: 1o.— Por proceder de un actor extraño que seguramente la escribió con imparcialidad de criterio y en una época ajena a las pretensiones territoriales de Chuquisaca, 2o.— Porque el autor de ese libro recorrió todo el territorio perteneciente a la chiriguanía; en su obra citada, entre otras cosas expresa lo siguiente: — «La nación chiriguana ocupa de norte a sud desde el pueblo de «Santa Rosa» (prov. de Chiquitos) hasta el Bermejo; de oeste a este desde las inmediaciones del pueblo de la Laguna (hoy Padilla), partido de Tomina, hasta los arenales confinantes con la misión de San José de Chiquitos. Numerosos párrafos de la misma obra mencionan la jurisdicción cruceña sobre todo el territorio de la chiriguanía, delimitado en el anterior párrafo que tenemos transcrito.
El año 1.779 aparece otra etapa de la interminable guerra contra el irreductible chiriguano. Estuvieron a cargo de la pacificación Dn. Alejandro Salvatierra y el capitán Dn. Jerónimo Bejarano.El principal combate se efectuó en el mismo pueblo de Saipurú, habiendo conseguidoimponer el orden y obediencia en los sublevados. Era Gobernador de Santa Cruz D.Tomás de Lesso, quien impartió las instrucciones necesarias para la pacificación.
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En este estado de cosas, Chuquisaca hizoconocer sus fermentadas ambiciones sobre el territorio de la Chiriguanía, por considerarlo ya apaciguado. Por estas circunstancias se produjo el pleito jurisdiccional entre la Gobernación é intendencia de La Plata y la entonces Sub-delegación de Santa Cruz, cuyo producto fue el fallo de fecha 4 de septiembre de 1794, pronunciado por la Audiencia de Charcas, señalando como límites entre Santa Cruz y Chuquisaca el rio Grande o Guapay y que las misiones de Masavi, Tacurú, Güirapucuti, Saipurú, Pirití, Membiray, Tapuitá Igmiri, Parapiti, etc, pasaban a depender de la Gobernación é Intendencia de Chuquisaca. Como es fácil de comprender, el Tribunal de la Audiencia de Charcas, con sede en Chuquisaca, no podía pronunciar un fallo de otra naturaleza. Empero, elevado el asunto en grado de apelación ante el Virrey de Buenos Aires, Dn. Pedro Meló de Portugal, éste en fecha 15 de marzo de 1.796, pronuncio un auto, por el cual quedaba revocado el dictado por la Audiencia de Charcas, reponiendo las cosas al estado en que se encontraban antes. De esta manera se restituía a Santa Cruz todo el territorio del cual había sido despojado mediante un fallo festinatorio y complaciente.
El auto del Virrey de Buenos Aires fue confirmado posteriormente por S. M. el Rey de España.
El fallo de la Audiencia de Charcas constituye otro de los títulos que Chuquisaca alega en su favor, quitándole importancia al auto del Virrey de Buenos Aires y su correspondiente ratificación.
En respaldo jurídico del memorable auto del Virreinato de Buenos Aires, se halla la Real Cédula de 11 de abril de 1.788, por la cual la Corona de España disponía mantener a Santa Cruz en posición de la Chiriguanía. «en atención a sus servicios y señaladamente al que ejecutó con motivo de los últimos alborotos de los indios» según expresaba textualmente.
En la misma forma, tenemos el ofició de 13 de abril de 1.729, por el cual el Presidente de la Audiencia de Charcas, ordenaba al Gobernador de Santa Cruz D Francisco de Herboso, «el castigo de las insolencias cometidas por los bárbaros chiriguanos», Encontramos igualmente numerosas actas del Cabildo de Santa Cruz durante los años de 1729 a 1736, en época de uno de los episodios más cruciales de la guerra chiriguana, disponiendo dicho organismo la movilización y contribución personal y económica de todo el vecindario cruceño para repeler al intrépido chiriguano, mucho otros oficios y documentos del Cabildo y corregimiento de Santa Cruz relativos a la Cordillera de los chiriguanos y su consiguiente pacificación; las contribuciones de Santa Cruz para la fundación y sostenimiento de las misiones, solicitadas por el célebre catequizador Fray Francisco del Pilar, de quien ya nos hemos ocupado en muchas páginas precedentes. También constituyen una prueba fehaciente los numerosos partes elevados por los Comandantes Militares de los fuertes de «San Carlos de Saipurú» y «San Miguel de Membiray», ante el Gobernador de Santa Cruz.
Aquel mismo año de 1.796 se registró nuevamente un gran levantamiento indigenal en las misiones de «Pirití, «Parapiti», «Obaig», «Güirapucuti», «Tacuarembotí» y «Tapuitá». Fue necesario el inmediato auxilio de los misioneros de las fieles misiones de «Florida», «Cabezas», «Abapó», para que el comandante del fuerte de «San Carlos de Saipurú», Dn. José Lorenzo Chávez, impusiera el apaciguamiento. El R P. Ceferino Mussani, en su obra «NOTICIAS HISTÓRICAS», al referirse al alzamiento que hemos mencionado en éste párrafo, expresa lo siguiente: «Comenzaron las (tribus) del «Pirití» en febrero de 1.796, diciendo con mucha desfachatez que no querían oír ya más de misiones y de misioneros, y que querían hacer morir a estos y a todos los soldados acantonados en «Zaypurú». Vino tropa y arrestó al cabecilla de la sublevación; pero pronto se vio ésta obligado a ponerlo en libertad. Hasta tanto que con ruegos y amenazas logró calmarlos el padre Rodríguez, aunque por poco tiempo; y cuando se encendió de nuevo la mal extinguida llama, fue para arder con más fuerza y más estrago. Uniéndose con los de «Oubaiz», «Ibuinapucuti» (por un error el autor ha puesto «Oubaiz» en lugar de «Obaig», como también «Ibuirapucuti» en lugar de «Guirapucuti»), «Tacuarembotí» y otros gentiles, decretaron la muerte de los misioneros y de todos los cristianos que vivían con ellos. Sabido esto por el Comandante del fuerte de «Zaypurú», llamó a los amenazados religiosos para resguardarlos de un golpe de mano, y estos hicieron su viaje por la noche sin llevar consigo nada en aquella precipitada fuga.
Sólo los misioneros de «Parapiti» no pudieron huir, porque ya les había interceptado toda comunicación el pérfido «Guarei», que abrigaba en su corazón un odio verdaderamente diabólico contra el cristianismo. En vano envió el padre comisario al venerado Fray Francisco del Pilar, de cuyo saludable influjo se esperaba buen resultado. Corrió, voló a todas partes el santo fraile, rogó, prometió, hizo regalos, pero al fin tuvo que escribir a su superior que no había logrado nada. No teniendo otro remedio se acudió al Comandante militar para qué resolviera lo mejor. Este mandó al punto un refuerzo de gente armada al sub delegado de Santa Cruz; viendo en el entretanto que los indios se acercaban, pidió auxilio a las misiones inmediatas; y las de «Piray», «Florida», «Cabezas» y «Abapó» le enviaron quinientos arqueros. Viniendo detrás de estos veinticinco soldados de Santa Cruz, los insurgentes acobardados se retiraron a sus tierras».
El fragmento que hemos transcrito es tan elocuente que no precisa ningún comentario.
Para mayor fundamento sobre los derechos que le asisten a Santa Cruz y le asistieron siempre sobre todo/el territorio de la Chiriguanía, tenemos el minucioso informe elevado ante el Gobernador de Santa Cruz Dn. Francisco de Viedma, por Dn. José Buceta, Ingeniero y geógrafo de la comisión demarcadora de límites con el Portugal, lo que se da mayor valor técnico y geográfico; está fechado a 17 de mayo de 1792 y en él se da cuenta de la fundación del fuerte de «San Carlos de Saipurú», ubicado a los 19º 30′ de latitud sud o sea escasamente a 12 leguas al norte del río «Parapeti» o «Condorillo». En el mismo documento histórico se manifiesta que dicha fundación la realizó el infatigable misionero Fray Francisco del Pilar en cumplimiento de la orden impartida por el Gobernador de Santa Cruz, con la finalidad de repeler los constantes ataques de los chiriguanos a las misiones establecidas en esta banda del río «Parapeti».
Por esta misma época de 1796, cabe hacer resaltar el hecho de que el Cura Párroco de Sauces (hoy Monteagudo) mandó construir una capilla en el lugar de «Ipitá», ubicado 10 kilómetros al norte del actual pueblo de Gutiérrez. El Comandante de «Saipurú», Dn. José Lorenzo Chávez, informó al sub-delegado le Santa Cruz Dn. Antonio Seoane de los Santos, respecto a este atropello. Acto seguido, el Sub- delegado, ordenó al citado Comandante de «Saipurú» «para que no solo exhorte al citado cura de la Villa de Sauces, a que suspenda la continuación de la obra de la referida capilla, y haga demoler lo trabajado en ella, hasta dejar las cosas en que antes se hallaban, sino que, en lo sucesivo no permita semejantes introducciones en aquellos territorios».
En cumplimiento de esta orden, la capilla de «Ipitá» fue demolida de inmediato, sin que las autoridades y la Intendencia de La Plata hubiesen hecho resistencia o formulado queja alguna al apoyo del auto de la Audiencia de Charcas de 4 de septiembre de 1.794 que cercenaba los territorios de Santa Cruz.
El mismo año de 1.796, el Gobernador de Santa Cruz, por entonces con asiento en Cochabamba, desde el año 1.783, Dn. Francisco de Viedma, luego de efectuar un largo recorrido por el territorio de su mando, elevó a conocimiento del Virrey de Buenos Aires, un acucioso como documentado informe sobre el estado de las misiones establecidas en la Chiriguanía y la constante amenaza de las tribus que la poblaban. En este histórico documento el Gobernador Viedma hace un análisis exhaustivo de las misiones de la Chiriguanía, merced al celo infatigable de los crúceños; al mismo tiempo proponía al Virrey un nuevo plan para repeler los constantes levantamientos del indomable chiriguano, el mismo que fue aprobado en 1.797 por el Rey de España.
Con el propósito de contener a los chiriguanos de la otra banda del rio «Parapiti» o «Condorillo», en 1.798. se fundó la misión de «San Miguel de Membiray», sobre la margen izquierda del mencionado rio «Parapití».
Al año siguiente, o sea en 1.799 se produjo otra nueva insurrección que requirió el auxilio de los cruceños. De este levantamiento, el citado padre Ceferino Mussaní, en su obra «NOTICIAS HISTÓRICAS», nos dice lo siguiente: «El año 1.799 comenzó bajo malos auspicios No había una misión donde un partido maligno no tratara de sembrar la cizaña contra los ministros del Evangelio ….»
Cuando los sublevados caminaban en una noche oscura en dirección de las misiones que se proponían asaltar y destruir, un bólido les causó pánico, deteniendo la marcha. Sobre el particular, el citado Pariré Mussaní dice lo siguiente: «Tres días les duró el terror, y justamente en estos tres días el fuerte de San Carlos se aprovisionó de armas, municiones y soldados procedentes de Santa Cruz, a los cuales se unieron en gran número arqueros indígenas de «Tacurú», «Igmirí». «Cabezas» y «Masavi».
Continuando con su relato sobre el alzamiento indígenal de 1.799, el padre Mussaní agrega: Había en el fuerte cien soldados de Santa Cruz, y setecientos saeteros indios, número muy inferior al de los enemigos; pero los cañones estaban preparados, los arcabuces y las municiones habían sido distribuidas con abundancia; todo el pueblo (Saipurú) estaba además cercado de estacadas para cerrar la entrada a los jinetes enemigos. Viendo aquellos preparativos, los bárbaros se dejaron de chanzas y principiaron el ataque con mucho furor».
No obstante la desigualdad numérica entre bárbaros y cristianos, la victoria se decidió en favor de los segundos, Continuando su relato, el Padre Mussani, dice: «En los primeros de diciembre llegó a «Saipurú» el coronel Serrano con ciento veinte y cinco soldados y setenta y cinco arqueros, indios de la «Florida» y del «Piray», el cual en tanto que venía el Gobernador Viedma, con tropas para escarmentar a los rebeldes, los molestaba con frecuencia…» «Vino por fin Viedma con dos mil hombres sacados de Santa Cruz, Vallegrandini (vallegrandinos) y muchos indios neófitos; y fue tal el terror que infundió a los enemigos, que todos trataron de volver a su propia misión, pidiendo a sus respectivos misioneros y haciendo protestas de fidelidad inalterable».
La campaña emprendida por el Gobernador Viedma se había iniciado el 9 de junio de aquel año de 1800 con la destrucción del pueblo rebelde de «Ibamira». Esta acción estuvo a cargo del Coronel Antonio Seoane, Subdelegado de Santa Cruz. Pocos días después se batía a los rebeldes de «Ibabiyuti», «Batimba» e «Itatique». Los rebeldes de «Ururigua» y «Timboy» prefirieron abandonarlo y no presentar ninguna batalla (estos lugares se encuentran al sud del rio Parapetí); los indios de «Oquita» siguieron el mismo ejemplo de los anteriores, huyendo hacia «CUEVO» y «MACHARETI»; el mismo procedimiento emplearon los rebeldes de «Cururuyuqui» que tomaron el camino de «CUEVO», para continuar rumbo hacia el occidente; como cumpliendo una sola consigna, los indios de «Yuti», «Membiray» y «Carandaití», tampoco ofrecieron resistencia, abandonando sus poblaciones luego de incendiarlas (estos lugares, se encuentran igualmente muchas leguas al sud del rio «Parapetí»). Sólo los rebeldes de «Tarairí» ofrecieron una ligera resistencia, para luego tomar camino de las «Salinas de Tarija. Es de advertir que el pueblo de «Tarairi» se halla ubicado a los 21° 6’ de latitud sud, en territorio hoy perteneciente a la Provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija, pero que entonces pertenecía a la jurisdicción de Santa Cruz, Esta campaña se prolongó por varios meses hasta recorrer todos los pueblos alzados e imponer en ellos la pacificación. Finalmente, los salvajes pidieron la paz, prometiendo obediencia a las autoridades de Santa Cruz. La reconstrucción de las misiones destruí das las inició el infatigable misionero Fray Francisco del Pilar, cuya existencia abnegada y laboriosa la había consagrado a la catequización de los neófitos.
La campaña realizada por Viedma sobre toda la chiriguanía, demuestra claramente que la jurisdicción cruceña se extendía a todas esas latitudes, en cuyo legítimo ejercicio incursionó en ellas llevando el olivo de la paz.
Informado el Marqués de Avilés, Virrey de Buenos Aires, sobre estos acontecimientos bélicos en servicio de la Corona de España y la civilización, dictó un auto en fecha 1º de octubre del mismo año, agradeciendo a los expedicionarios por esta valiente campaña, en nombre de S.M. el Rey de España, efectuando algunos ascensos y manifestando su pesar por los caídos en la campaña.
Acorde con los relatos del P. Mussani, tenemos el libro del R P. Antonio Comajuncosa, Prefecto de las Misiones Franciscanas, titulado «EL COLEGIO FRANCISCANO DE TARIJA Y SUS MISIONES», quien, refiriendo igualmente la sublevación que nos ocupa, dice: «No se descuidó el comandante Chaves de practicar esta diligencia, prontamente escribió al sub-delegado de Santa Cruz, D. Antonio Seoane de los Santos, que como coronel de aquellas milicias le enviase sin tardanza el socorro que necesitaba, pero viendo que este no venía, y que los indios ya iban a caer sobre aquel fuerte (San Carlos de Saipurú), pidió auxilio al R.P, Comisario Prefecto de Misiones, y este prontamente le remitió de las de «Piraí» «Florida», «Cabezas» y «Abapó» a quinientos indios flecheros. Tras de estos vinieron veinte y cinco soldados de Santa Cruz, y con esto los indios rebeldes se amedrentaron y se retiraron a sus pueblos…
El mismo misionero, en otra página de su obra citada, expresa: Efectivamente, a principios de diciembre inmediato llegó a Saipuru el coronel D. Antonio Seoane de los Santos con 125 soldados, y tras del 75 flecheros de las misiones de «Florida» y «Piraí», y entre tanto que el señor Gobernador y capitán general D Francisco de Viedma prevenía y formaba un ejército de soldados vallegrandinos y cruceños para venir y castigar a los bárbaros insolentes…
Finalmente, el P. Comajuncosa, confirmando lo anterior, manifiesta lo siguiente: «Entró por fin el señor capitán general Viedma al barbarismo con los dos mil soldados, el día 5 de junio.»
Sobre este particular, el Gobernador de Santa Cruz. D. Francisco de Viedma, redactó un documento intitulado «DESCRIPCIÓN Y ESTADO DE LAS REDUCCIONES DE INDIOS CHIRIGUANOS», en base a sus observaciones captadas en su largo recorrido a través de ellas, El citado Padre Antonio Comajuncosa en el libro que de él hemos mencionado, hace una severa crítica de la ineficacia de la expedición y campaña dirigida por el Gobernador Viedma.
La misma opinión vierte el P. Mussani a través de las páginas de su libro citado, Sin embargo, todos estos documentos que hemos citado concuerdan en reconocerle a Santa Cruz, plena jurisdicción sobre todo el territorio de la Chiriguanía; ellos merecen plena fe por proceder de distintos personajes que investían autoridad en la época colonial.
Hasta aquí hemos relatado a grandes rasgos los más importantes episodios de la guerra secular decretada por los gobernadores de Santa Cruz contra el inconquistable chiriguano, a través de los siglos XVII y XVIII. Comparemos en esta campaña legendaria, la denodada y sacrificada actitud de los cruceños, que se lanzaron por caminos abruptos y acechados de peligros, desafiando la muerte en cada sombra de la ruta, sin escatimar ningún esfuerzo por acudir pronto a repeler al eterno enemigo, con la actitud egoísta de los encomenderos de La Plata y Potosí, cuando el Virrey Toledo se propuso efectuar personalmente una batida contra los chiriguanos el año 1.574 de la cual nos hemos ocupado en anteriores páginas.
Veamos ahora otras etapas de la misma guerra chiriguana durante el siglo XIX.
La alborada de dicho siglo se había proyectado sobre el horizonte matizada con algunos acontecimientos esporádicos en las misiones chiriguanas de «Pirití», «Obaig», «Parapiti» y otras circunvecinas, habiendo sido precisa la inmediata movilización de las fuerzas leales para sofocar los levantamientos.
Estas constantes amenazas de las tribus selvícolas contra las misiones establecidas, impulsó a las autoridades cruceñas a disponer la fundación de un fuerte en la misión de «Parapití», para proteger a todas las misiones situadas entre los rios «Parapití» y «Pilcomayo», para lo cual se dispuso la traslación de una parte de las fuerzas de «Pirití» hacia el nuevo fuerte, quedando el fuerte de «San Carlos de Saipurú» para resguardar a las misiones ubicadas al norte del citado rio «Parapití».
- José Miguel Becerra que había acompañado al Gobernador Viedma en su expedición de 1.800 contra los chiriguanos, fue designado por éste, jefe militar de las misiones diseminadas a lo largo de todo el territorio de la chinguanía. Con el propósito de prevenir cualquier amago de sublevación, el año 1.806 realizó una expedición sobre todo el territorio de su jurisdicción, es decir hasta el cañón de Guacaya y el rio Pilcomayo, sin que las autoridades de la Gobernación de La Plata hubiesen reclamada por esta incursión. Durante el mencionado año de 1.806 y los siguientes de 1.807 y 1.808, el Comandante Becerra hizo frente a nuevas sublevaciones, habiendo conseguido imponer la paz en todo el territorio de su mando hasta el río Pilcomayo, luego de ingentes penurias y arriesgadas aventuras bélicas. Mientras que para la Gobernación e intendencia de Santa Cruz, ¡a chiriguanía y sus continuos levantamientos terroríficos, constituían un motivo de latente preocupación, para las autoridades de La Plata, pasaban desapercibidos todos estos grandes acontecimientos.
Por los actos administrativos y documentos históricos incontrovertibles que hemos analizado en las páginas precedentes, llegamos a la conclusión irrefutable de que los gobernadores de Santa Cruz, desde Ñuflo de Chaves hasta Viedma, tuvieron por jurisdicción hasta el Pilcomayo por el sud y hasta la sierra de Incahuasi por al oeste, sin interrupción alguna. No obstante, el fallo de la Audiencia de Charcas de fecha 4 de septiembre de 1 794, señalando como límite meridional de Santa Cruz, el rio Grande o Guapay, el mismo que fue revocado por el Virrey de Buenos Aires y por el Rey de España, Santa Cruz continuó siempre en posesión pacífica y continuada de todas las misiones establecidas entre los ríos Guapay, Parapetí y Pilcomayo, corno así lo hemos demostrado con abundante prueba que destruyen las pretensiones territoriales de Chuquisaca.
Asentado el Partido de la Cordillera de los chiriguanos, con sus límites arcifinios inconfundibles, no podía ser despojado de su territorio, porque se hallaba edificado sobre bases jurídicas e históricas imposible de destruir.
Así el estado de cosas, llegó el año del Uti Posidetis de 1.810, punto de partida establecido por el Derecho Internacional para determinar los límites jurisdiccionales de los pueblos de América.
Los defensores de Chuquisaca argumentan que Cordillera no tiene existencia legal, por no haber sido creada mediante ley expresa, Pero olvidan que Cordillera fue reconocida como «Partido» desde los primeros conquistadores, siempre dependiente de la Gobernación de Santa Cruz, según ya lo hemos demostrado; los actos administrativos posteriores a 1.825 también le reconocen tácita existencia. Los datos y documentos que examinaremos a continuación destruyen por su base los argumentos chuquisaqueños.
Al convertirse el territorio altoperuano en la hoguera de la guerra de la independencia, el Partido de la Cordillera de los Chiriguanos, tampoco permaneció ajeno a los nuevos acontecimientos; el caballo de Marte recorrió veloz todos los campos, haciendo vibrar sus sonoras trompetas y levantando a su paso múltiples legiones de voluntarios cuyos anhelos se habían confundido con la nueva causa.
Cuando el año 1.810, el Padre José Andrés Salvatierra, misionero cruceño de gloriosa trayectoria, se hallaba a la cabeza de «San Miguel de Membiray», habiéndose identificado con la causa de su Patria, tomó preso al Presidente de la Audiencia de Charcas, D. Vicente Nieto, que había huido por allí para dirigirse al Brasil, remitiéndolo a Castellí, jefe del Primer Ejército Auxiliar argentino que vino al Alto Perú.
Ese mismo año de 1.810, al desprenderse Santa Cruz de la Gobernación de Cochabamba, de la cual había dependido desde 1.783, convirtiéndose nuevamente en Gobernación e Intendencia, en lugar de Sub-delegación, Cordillera figuró como Partido dependiente de Santa Cruz, habiéndole correspondido desempeñar importante papel en la guerra de los 15 años. Cuando el Coronel Ignacio Warnes asumió la gobernación de Santa Cruz por la causa revolucionaria, ejerció igualmente jurisdicción sobre todo el territorio de la Chiriguanía, de la cual pidió y recibió numerosas contribuciones.
Pese a las continuas sublevaciones indigenales registradas en el territorio de la Chiriguanía, destruyendo gran parte de las reducciones fundadas por el celo infatigable de los misioneros franciscanos dependientes del colegio Franciscano de 18 Tarija, el Padre Alejandro M. Corrado, en su libro «EL COLEGIO FRANCISCANO DE TARIJA Y SUS MISIONES», expresa lo siguiente: «El 13 de setiembre de 1.813 el P. Prefecto de misiones, Fr. Bernardo Duran, depositaba en su archivo un medio pliego de papel que contenía el Estado abreviado de las veinte reducciones, que están al cargo de nuestro Colegio de Tarija, Dos de ellas, Salinas e Itaú, existían en esta frontera de Tarija (al sud del río Pilcomayo); cuatro, es decir Acero, Tayarenda, Iti y Tapera (al occidente de la serranía de Incahuasi) en la de Sauces; las otras catorce en la Cordillera de Santa Cruz; y eran «Piraí», «Florida», «Cabezas», «Abapó», «Mazavi», «Igrnirí», «Tacurú», «Zaipurú», «Tapuitá», «Tacuarembotí», «Guirapucuti», «Pirití», «Obaig» y «Parapiti», (ob, cit. pág. 287)
Numerosos párrafos de la misma obra evidencian la jurisdicción que ejerció Santa Cruz en todo el territorio de la Chiriguanía, cuyos misioneros reconocieron y acataron siempre a las autoridades de Santa Cruz, de quienes recibieron permanente auxilio para defenderse de las temibles hordas chiriguanas y sus sorpresivos asaltos.
Pero la gloria y apogeo de las misiones franciscanas había llegado a su ocaso final. Como consecuencia de la guerra de la independencia, las misiones de Cordillera comenzaron a desaparecer a partir del año 1814. Muchos misioneros fueron arrastrados por la vorágine de la tormenta, quedando abandonadas y libradas a su propio destino. Las tribus empezaron a dispersarse para volver a la vida selvática.
Producido el desastre de «El Parí» en 1.816, el coronel José Manuel Mercado huyó hacia Cordillera con los restos del Ejército patriota, habiendo logrado establecer su fuerte en «Saipurú»; desde donde fustigó constantemente a las fuerzas realistas comandadas por el tirano Francisco Javier de Aguilera.
Al erigirse el Alto Perú en Nación libre y soberana, después de las gloriosas jornadas de Junín y Ayacucho, el Partido de la Cordillera de los Chiriguanos entró a formar parte de la República de Bolivia como «Provincia de Cordillera con su primera capital «Abapó» siempre dependiente de Santa Cruz convertido ya en departamento. Convocado a elecciones el pueblo altoperuano para decidir de sus futuros destinos, conforme al famoso Decreto de 9 de febrero de 1825, expedido por el Mariscal de Ayacucho, Santa Cruz sólo pudo acreditar a los diputados Antonio Vicente Seoane y Francisco Caballero, correspondientes a los distritos de Santa Cruz y Vallegrande. Por Cordillera y Chiquitos no fué posible elegir representantes, el primero por falta de electores tratándose solo de neófitos, y el segundo pór hallarse invadidio por los brasileros- al respecto se cursaron los siguientes oficios que por revestir importancia al tema que nos ocupa, nos vamos a permitir transcribirlos; Dicen así: “ Presidencia del Departamento de Santa Cruz de la Sierra Julio 22 de 1825- /3- al Señor de la Asamblea General….. Sobre los diputados que corresponden a los partidos de cordillera y chiquitos, antes hable al excelentísimo señor general en jefe y ahora a V.E. que del primero no es posible conseguir porque entre sus habitantes no hay ni solo un racional que sea capaz de ser elector, otros lugares, pueden hallarse en el mismo, pero siquiera tienen cura, y los de Cordillera están negados de este favor (Fdo). Juan Videla”
Corroborando el oficio que hemos transcrito, tenemos también otro de no menor importancia, dirigida por el Mariscal de Ayacucho al Presidente de la Primera Asamblea, que dice así: «Ejército Libertador – Cuartel General en Cochabamba, a 16 de julio de 1.825. – Al Excelentísimo señor Presidente de la Asamblea General Exelentísimo señor: El señor Presidente de Santa Cruz, me ha avisado que los señores D,D, Antonio Vicente Seoane y D,/Francisco Caballero, fueron elegidos diputados por los partidos de Santa Cruz y Vallegrande, conforme al Supremo Decreto de 9 de febrero que previene la elección de representantes aún cuando no esté totalmente libre el departamento, y que habiendo el de Santa Cruz estado ocupado una parte por los brasileros y otra impedida natura mente de verificar sus elecciones, sólo pueden concurrir a la Asamblea las de los partidos referidos… (Fdo. Antonio José de Sucre», De esta manera que da probada una vez más la existencia de la Provincia Cordillera al incorporarse el Alto Perú a la vida independiente, no habiendo podido hacerse presente al banquete democrático convocado por el nombrado decreto de 9 de febrero, por las razones que ya tenemos mencionadas, no obstante habérsele reconocido pleno derecho para hacer escuchar su voz mediante un representante. En cumplimiento a la orden emanada de la Prefectura y Comandancia General del Departamento, a la sazón a cargo del Coronel Anselmo Rivas, de fecha 18 de octubre de 1.836, se fundó en el lugar denominado «Gutiérrez» un pueblo que debería llevar el nombre de «YANACOCHA», el mismo que en lo sucesivo debería ser la capital de la Provincia de Cordillera en cumplimiento a la merituada orden. Según el informe elevado ante el Prefecto del Departamento, por el Gobernador de Cordillera, D. Pedro Antelo, en fecha 24 de noviembre de 1.840, los límites del cantón Gutiérrez eran los siguientes: «por la parte del norte y con respecto al cobro de diezmos, debe ser hasta Izozog, por la parte del rio Grande, con los caminos antiguos que transitaban del pueblo de Abapó a las misiones arruinadas; por la parte del poniente con la cuesta de Incahuasi; por el sub con el rio Pilcomayo»
La provincia del Azero fue creada recién por ley de 13 de octubre de 1.840, con la capital Sauces (hoy Monteagudo), quedando de esta manera desmembrada la Provincia de Tomina. Dicha ley expresa lo siguiente: «Art. 1o. Se erige en Provincia el pueblo de Sauces, y los demás que estén situados sobre los ríos de Azero y Pilcomayo. Art. 2o. – Esta provincia se denominará provincia de Azero; su capital será por ahora el pueblo de Sauces, y corresponderá al departamento de Chuquisaca – Art. 3o. – El Gobernador gozará de la dotación de 600 pesos anuales, y los pobladores estarán exentos por diez años del pago de toda contribución, más para gozar de este privilegio tendrán el deber de cultivar el terreno que se les adjudique, de fomentar la cría de ganado vacuno y caballar, que se encuentra en la provincia, y de mantener en su poder las armas que se les den, para evitar las incursiones de los bárbaros, o para defenderse de éstos. Art. 4º – Queda autorizado el Ejecutivo, para tomar cuantas medidas sean conducentes a la mejora y progreso de la provincia.»
En fecha 29 de diciembre de aquel mismo año de 1.840, fue erigida la Parroquia de Gutiérrez, con los mismos límites señalados en el informe elevado por Gobernador de la provincia, designándose como primer cura párroco al Padre Julián Melgar. Por Suprema Resolución de 6 de febrero de 1.841, fue aprobada la erección de la Nueva Parroquia, asignándole los mismos límites determinados para el cantón Gutiérrez.
Mientras los Prefectos y demás autoridades de Santa Cruz, ejercían todos estos actos administrativos en territorios de su jurisdicción, levantando pueblos y regando la semilla de la civilización, las autoridades o representantes chuquisaqueños, no se dejaron escuchar, no obstante haberse erigido ya la Provincia del Azero, quienes reconocieron implícitamente que la jurisdicción de Cordillera se extendía hasta la sierra de Incahuasi por el oeste y hasta el rio Pilcomayo por el sud, según la Resolución de 6 de febrero de 1 841 a la que ya nos hemos referido. Si bien es evidente que mediante la ley ereccional de 13 de octubre de 1.840, no se determinaron los límites orientales de la nueva provincia, empero por la Resolución que hemos mencionado, al determinar los límites occidentales del cantón Gutiérrez, quedaba complementada la ley de erección del Azero.
Posteriormente los chuquisaqueños manifestaron que la guerra de la confederación les había impedido ejercitar su defensa, como si dicha guerra se hubiera prolongado siquiera hasta 1.840 o indefinidamente. Argumentación tan inconsistente como ésta, sólo pueden esgrimir quienes carecen de fundamentos legales.
Algunos años después se fundaba el pueblo de Lagunillas, 9 leguas más al sud de Gutiérrez y sobre las faldas de la sierra de Incahuasi, o sea a los 19º 37′ de latitud sud y 63º 43′ Iong. O. de Greenwich, erigida en Parroquia en 1.857, dependiente del Obispado de Santa Cruz
El Padre José Gianelli, del Colegio Franciscano de Tarija, que había resuelto establecer una misión en el lugar denominado «Tarairí», ubicado a los 21º 6′ de latitud sud y 64° 37′ 19″ long. O. de París, resolvió dirigirse a las autoridades de Santa Cruz para que éstas le presten los auxilios necesarios y pueda cristalizar su cometido. Con el propósito de respaldar con documentos nuestras afirmaciones, transcribimos a continuación un párrafo del libro del Padre Corrado, que dice: «Este (refiriéndose al Padre Gianelli), para afianzar la estabilidad de la futura misión, y buscar algunos socorros, de que absolutamente carecía, juzgó oportuno pasar a la ciudad de Santa Cruz. En el camino, al atravesar nuestras antiguas misiones de Sauces y Cordillera, su corazón sufrió un cruel destrozo al verse rodeado de aquellos indios, pidiéndole con lágrimas quedase entre ellos, y aferrando, como para atajarle, las bridas del animal en que iba montado. Mas, no estaba en mano del Padre José condescender con aquellas súplicas».
Mediante auto de fecha 18 de julio de 1.854, el Prefecto y Comandante General del Departamento de Santa Cruz, autorizó la fundación de una misión en el lugar de «Tarairí». En fecha 10 de septiembre de 1.855, el supremo Gobierno dictó la siguiente Resolución: «Apruébase la providencia de 18 de julio de 1.854 por el Señor Mayor General Jefe Superior de los Departamentos de Santa Cruz y el Beni, mediante la cual ordenó el establecimiento de una misión en el punto de «TAPAIRI», Provincia de la Cordillera. Se asigna al Reverendo Padre Conversor Fray José Gianelli que la ha propuesto, el sínodo de trescientos pesos anuales sobre el ramo 22 de diezmo del Departamento de Santa Cruz y se autoriza al Señor Prefecto del mismo, para que preste los auxilios necesarios para el progreso de la nueva misión.
Esta disposición es tan elocuente y precisa que cualquier comentario o argumentación resulta obvio. De una manera contundente y categórica confirma el derecho de Santa Cruz sobre el territorio que se extiende hasta la ribera del Pilcomayo. Respaldando lo hasta aquí aseverado, tenemos también el minucioso informe del Padre José Gianelli, respecto a la colaboración que recibió del Gobernador de Cordillera, el Coronel Montero, para la fundación de la citada misión. En algunos párrafos de su extenso informe, puede leerse lo siguiente; «… la resistencia de los chiriguanos de Guacaya y Macharetí, no podía de ningún modo soportarla sin ponerme de acuerdo con la Provincia de Cordillera; con este fin me dirigí varias veces al señor Gobernador de esa señor Montero, aunque inútilmente a causa de los bárbaros que interceptaban toda comunicación . . .». En otro párrafo, el Padre Gianelli, continúa: «Además: que toda esta banda del Pilcomayo pertenezca a Santa Cruz lo tiene Ud. consignado en la Historia. El Mahoni en sus relaciones sobre la Nación belicosa de los chiriguanos afirma en tono de autenticidad, que por orden del Vice Rey entraron en combinación Salta, Tarija y Santa Cruz, para perseguir a los bárbaros que se hallaban todos coligados contra los cristianos: los cruceños formaron una fuerza de mil mojeños y novecientos cristianos y emprendieron la campaña recorriendo su pertenencia, entraron por el Parapití Grande pasaron por Cuevo en donde dejaron con una escolta la caballada, subieron los altos de Guacaya desbaratando tres trincheras y llegando hasta el Pilcornayo hicieron alto, respetando la jurisdicción de Tarija: en esa campaña perdieron un soldado y toda la caballada.» «Impuesto de su muí estimada Nota fecha 15 de marzo me cabe el honor de decirle, que me he prestado muy gustoso a dar las declaraciones a que se refiere, porque me consta cuanto ha sufrido la Provincia de Cordillera a causa de las agresiones de los salvajes y de los sacrificios que hicieron desde mi fundación del Tarairí para contenerlos, impidiendo esos buenos vecinos el que concluyesen con sus frecuentes arremetidas con ese nuevo establecimiento. En esa época ni se decía palabra ni asomaba la más mínima esperanza que nos pudiese llegar favor ni protección del Departamento Sucre». «Concluida la guerra con el invencible «Tarairí» que costó la pérdida de 10 Taraireños y 60 de esos agresores recién se movieron e internaron hasta el cañón 23 de «Iguembi» los vecinos de la provincia de Azero. Esto Señor Prefecto, habla muí alto y no sé qué podrán oponer para pretender extenderse hasta Cuevo e Ibo y sus contornos»
La ley de 14 de junio de 1.861 con el propósito de contener el avance de los chiriguanos, dispuso la construcción de una línea de fortines sobre la margen izquierda del rio Pilcomayo. Al haberse dispuesto que también la provincia Cordillera, debería construir sus respectivos fortines en la ribera del Pilcomayo, demuestra que su jurisdicción llegaba hasta allí. Al mismo tiempo se le reconocía tácitamente su existencia como Provincia.
La capital de la Provincia de Cordillera fue trasladada de Gutiérrez a Lagunillas, en cumplimiento de la Resolución siguiente: «Ministerio de Gobierno. Cochabamba, Marzo 17 de 1.864 — Sin embargo de lo expuesto en el anterior informe y constando al Gobierno que el pueblo de Lagunillas por la actividad de su comercio, por el mayor número de sus habitantes y por los recursos de todo género que presenta a las autoridades, es preferible al de Gutiérrez para servir de Capital de la Provincia de Cordillera, se declara que el Sub-prefecto, la Municipalidad y, el juez instructor deben residir en el punto de Lagunillas, como que es la Capital de la Provincia de Cordillera. Tómese razón y devuélvase a S. C. el Prefecto de Santa Cruz para que mande cumplir en todas sus partes la presente providencia»
El año 1.864 se produjo una gran sublevación indigenal, encabezada por el famoso «Yabeao», temible y valiente capitán de las tribus salvajes de Cuevo e Ibo, que decretó la guerra de exterminio contra todas las poblaciones establecidas a lo largo de la Provincia de Cordillera. Los vecinos de dicha provincia, sin más auxilios que sus propios recursos y su denuedo, batieron a los rebeldes en todas sus trincheras de Timboerenda, Aguaragüe, Ipaguazú, Yaguapoa, Abay y muchos otros que habían constituido fuertes inexpugnables de los salvajes; quedaron reducidos a la vida civilizada los pueblos de Tatiguasu, Irendamí, Iüpi, Caraguatarenda itacuarandi, Chimbe, Ibopeiti, y otros más que también habían representado sendos baluartes de las hordas chiriguanas. Los encuentros con los salvajes, crueles y sangrientos, se realizaron hasta en las breñas más escarpadas. Al arrojo y temerario valor del chiriguano, los cordillereños respondieron con la heroicidad y el patriotismo. Nos corresponde advertir que los lugares mencionados se hallan ubicados muchas leguas al sud de la quebrada de Cuevo.
Quien se detenga a considerar las brillantes páginas históricas escritas con sangre por los cordillereños en servicio de la Patria y la civilización, no podrá menos que inclinarse reverente ante la memoria de aquellos intrépidos antepasados nuestros que desafiando el furor y la crueldad del chiriguano, lo expulsó de todas sus trincheras, obligándolo a inclinar la cerviz.
Estos hechos son tan elocuentes que no precisan mayores comentarios. Mientras estos acontecimientos rebeldes se desarrollaban al lado oriental de la serranía de Incahuasi, las autoridades y vecinos de la Provincia de Azero permanecieron en una censurable impasibilidad, haciendo de espectadores en el escenario de la lucha. Se conformaron con organizar un reducido contingente de hombres para resguardar sus fronteras
La Resolución Suprema de 16 de marzo de 1 864, establece los procedimientos a seguirse por los indígenas para la venta de sus tierras por ellos ocupadas y los privilegios que la lev les reconoce desde el momento que se incorporan a la vida civilizada, precautelando sus derechos y evitando que sean engañados debido a su ignorancia, Al comunicarse esta Resolución a las autoridades de Santa Cruz y Tarija, por referirse a las tribus tobas y chiriguanas que habitan la zona sud-este de la República, se reconoce implícitamente la jurisdicción cruceña sobre aquellos territorios. En esta Resolución para nada se menciona al Departamento de Chuquisaca, como así debió haber sido en caso de habérsele reconocido jurisdicción sobre los territorios del Chaco.
Aquel mismo año de 1864, empezaron a notarse los primeros brotes del afán expansionísta de las autoridades del Azero, con la destitución de muchos Corregidores y Alcaldes Parroquiales de algunos cantones de Cordillera, designando otros en su lugar. En esta forma, las autoridades de Azero consumaban el primer asalto a territorio de jurisdicción cordillereña.
El año 1.870 se iba a producir una demanda jurisdiccional entre los jueces Instructores de Cordillera y el Azero, la misma que no llegó a producirse por la caballerosidad con que procedió el Juez de Sauces, Dr Dámaso Oropeza, reconociendo la usurpación de jurisdicción que cometió su juzgado. Para ilustrar mejor el criterio de nuestro auditorio, vamos a transcribir algunos párrafos de los respectivos memoriales- cursados entre ambos jueces. El Juez instructor de Cordillera, Dr. Valentín Peñaranda, entre otras cosas expresa lo siguiente:- «Por manera que, para conocer los verdaderos límites de esa jurisdicción, es preciso fijarse en los que primitivamente le fueron señalados y entre estos los únicos son los ríos Pilcomayo y Azero que la circunscriben por la parte austral y boreal; no habiendo, pues, determinado dicha ley el lindero oriental, se conserva siempre, como línea divisoria, entre esta provincia y aquella, la Cordillera de Incahuasi que, de sud a norte, se extiende desde el Pilcomayo hasta Vallegrande, quedando comprendidos en el territorio de esta provincia (Cordillera) los cañones de Abatiri, Iboca, Guacaya y Caipepende, cuya prolongación septentrional constituye todo el territorio de Cordillera».
«Por lo demás, si sobre el Abatiri e Iguembe, existen derechos legítimos de Cordillera, y pretensiones infundadas del Azero, éstas no se han extendido jamás hasta el Itacai, y es primera vez que se asegura tamaño despropósito y de un modo oficial, El Itacai está a 12 leguas más o menos, del Abatiri y, si es verdad que se halla situado en la prolongación de aquel cañón, también es positivo que este pueblo de Lagunillas ocupa un punto del mismo, que, en su inmensa extensión corre hasta Vallegrande».
«Sin pasar adelante en la acumulación de razones y pruebas que patentizan la verdad de lo expuesto, por considerar bastantes las que preceden para la convicción del señor juez instructor del Azero, es que me limito ya a requerir en nombre de la ley, primero, que se abstenga de intervenir en la facción del inventario de los bienes ubicados en el Itacai, y cuya seguridad fue solicitada en este Juzgado, antes de que su conocimiento se hubiese radicado en aquel despacho, debiendo remitir a éste los obrados que, con tal objeto, se hubiesen organizado; y, teniendo en caso de no ceder, por interpuesta, formal competencia de parte de este juzgado; segundo, que respete el lugar de itacai, como perteneciente a la jurisdicción territorial de Cordillera, protestando el suscrito recurrir a S Sría. Ilustre, el Fiscal General de la República, contra toda diligencia que la hollare, para que mediante su alto ministerio, tenga efecto la sanción de los artículos 230 y 395 del Código Penal; advirtiendo que en este segundo caso, no hay ni puede haber conflicto de competencia en virtud de las leyes y de los hechos que hacen manifiesta y palpable la actual jurisdicción de este juzgado, sino un verdadero delito que debiera ser castigado en la forma ordinaria». (Fdo.) Valentín Peñaranda,
Sin ningún comentario ni explicación, transcribimos el oficio del juez Instructor del Azero, en respuesta al anterior memorial, cuyo tenor literal es el siguiente: «Bolivia, juzgado de Instrucción de la Provincia del Azero, Sauces, junio 13 de 1.870.- Al Sr Juez Instructor de la Provincia de Cordillera, Señor: En contestación a su oficio de 14 de mayo último me cabe decir a Ud., que tanto al suscrito como al Sr. Agente Fiscal ha sido sorprendente e! tono literal del citado oficio, por cuanto que ninguno de nosotros, que componemos el personal del juzgado de Instrucción y Fiscalía, respectivamente, no hemos tenido conocimiento oficial de estos procedimientos de competencia, tal que para contestar al mencionado oficio he tenido que hacer averiguación personal y extrajudicialmente acerca de los hechos materia de la presente diligencia de competencia, y por cuanto resulta de los datos adquiridos verdaderos los hechos de la usurpación a la jurisdicción de ese juzgado; debo asegurar a Ud que, por hallarse ya consumados éstos, puede Ud. seguir su acción reivindicatoria como mejor le convenga, en la inteligencia de que será contra el personal del juzgado cesante; pues que el actual de este juzgado, instruido y convencido por las leyes del caso y las razones aducidas en el oficio citado, se da por inhibido desde luego, y no remite los obrados de la materia según el art, 1488 del Código de procedimientos, por haberse ocultado maliciosamente y sin embargo de varias órdenes que tiene dadas a los subalternos de oficina.— Por tanto, dejando a ese juzgado el conocimiento de la causa relacionada en su. oficio y en el círculo de sus, atribuciones, se reserva éste conocer en las que le corresponde conforme a las leyes y a su jurisdicción territorial. Con este motivo, tengo el agrado de ofrecer a Ud. las consideraciones de mi estimación y respeto. (Fdo.) Dámaso Oropeza
La Resolución Suprema de 17 de diciembre de 1.874 autorizó al Subprefecto de la Provincia del Azero, para avanzar hasta el cañón de Huacaya y construir allí un fortín, sólo con el objeto de «repeler el ataque de los bárbaros que, sublevados en la frontera del distrito de su jurisdicción, amagan gravemente la vida y propiedades de ese vecindario indefenso».
Por el texto fragmentario que hemos transcrito, se evidencia que el Supremo Gobierno dictó dicha Resolución, con la única finalidad de que los vecinos del Azero se protejan contra las invasiones de los salvajes sublevados en la «frontera» con la provincia de Cordillera, o sea en el lado oriental de la sierra de Incahuasi.
Los cordillereños, siempre dispuestos a sacrificarse en servicio de la civilización y de la Patria, aplastando todos los levantamientos de los salvajes, en fecha 15 de septiembre de 1876 se reunieron todos los vecinos de Lagunillas, capital de la Provincia de Cordillera, a invitación del sub-prefecto, coronel Saturnino León. Conjuncionadas allí todas las voluntades, resolvieron organizar una expedición para fundar dos fortines en las proximidades de Cuevo e Ibo, con fondos propios de los cordillereños. La resolución que emanó de aquella gran reunión, en sus partes principales expresaba lo siguiente: «Que la inseguridad en que se encuentra la frontera, respecto a la invasión de los bárbaros, hace indispensable el establecimiento de uno o dos fortines en los puntos principales de Cuevo e Ibo. Que no pudiendo satisfacerse esta necesidad con fondos públicos, por la escasez del Erario Nacional, toca al patriotismo particular de los ciudadanos, reunir sus fuerzas y recursos para trabajar por la realización de aquella obra que, asegurando los intereses comunes y primordiales de la provincia, será una base positiva para el incremento de la industria, de la riqueza y del progreso del oriente de la República.
Estas sanas intenciones fueron las que animaron a los vecinos de Cordillera a efectuar un sacrificio más en aras del progreso del terruño, ahorrándole erogaciones al Estado. La parte resolutiva de dicha resolución expresaba lo siguiente: «Que se organice a la brevedad posible una fuerza expedicionaria, cuyo objeto sea el establecimiento de uno o dos fortines en Ibo y Cuevo y la colonización de este territorio»,- 2o. Que aquella fuerza debe componerse principalmente de hombres voluntarios que tengan resolución de radicarse en la colonia con su familia e intereses. Estos, cuando menos, deben tener su arma y cabalgadura propias»
Bajo estas inspiraciones se inició la colonización y conquista de Cuevo é Ibo, cuya disposición que hemos transcrito, habla por sí sola del patriótico interés y sacrificio de los cordillereños por hacer avanzar la rueda del progreso por todo el territorio de su jurisdicción, poblado entonces de tribus aguerridas que representaban el azote de la provincia y de la civilización, La conquista y colonización de dicha zona se llevó a efecto en cumplimiento del acuerdo de todos los vecinos de Lagunillas, así como la fundación de los dos fortines en las proximidades de Cuevo é Ibo con cargo de aprobación por el Supremo Gobierno, habiéndose designado al Sub prefecto de la provincia para que eleve la solicitud por conducto regular. Por la urgencia que requerían las circunstancias, los indicados fortines se fundaron aquel mismo año a los cuales se les dio el nombre de «Bolívar» y «Sucre». Con el respectivo informe del Sub-prefecto de Cordillera, la solicitud de los vecinos de Cordillera para la fundación de los indicados fortines fue elevada ante el Supremo Gobierno. Empero, los acontecimientos y las disensiones limítrofes entre las provincias de Cordillera y el Azero adquirieron relieves alarmantes, a los mismos que nos referiremos en las siguientes páginas.
La Resolución Suprema del 22 de agosto de 1.877 dictada por el Gobierno del General Daza, en la que se denegaba la aprobación para la venta de terrenos de propiedad de los indios de los lugares de «Yuti», ubicados en pleno territorio chaqueño, fue comunicada al prefecto de Santa Cruz, para que éste la mande cumplir por intermedio del Sub-prefecto de Cordillera, demostrando una vez más la jurisdicción de dicha provincia sobre el territorio que hoy forma parte de la Provincia del Gran Chaco del Departamento de Tarija.
Aquel mismo año de 1.877 cobraron mayor incremento las pretensiones territoriales de las autoridades del Ázero, cuyos atropellos habían tenido sus primeros brotes en 1.864, relatados ya en anteriores páginas. La noche del 19 de Noviembre, los habitantes del pueblo de «Murucuyati», compuesto de neófitos en su mayor parte y ubicado en las inmediaciones de Cuevo, fueron asaltados alevosamente por las fuerzas expedicionarias comandadas por el Sub-prefecto de la Provincia del Azero, Dr. Pedro Zárate, cometiendo un horroroso genocidio con la mayoría de ellos y conduciéndolos prisioneros a los restantes, como si se tratara de dos naciones beligerantes, aprovechando las circunstancias de que se hallaban desguarnecidos y sorprendidos.
Estos alevosos como criminosos atentados, despertaron una gran animosidad en los vecinos de Cordillera, quienes, demostrando cordura y prudencia, prefirieron utilizar las vías legales para pedir la sanción de tan horrendo crimen, antes de tomar las de hecho y cobrar represalias por cuenta propia. Para este propósito, organizaron una junta Directiva, presidida por el Dr. Valentín Peñaranda, mediante cuyo organismo se dirigieron al Supremo Gobierno en fecha 15 de julio de 1878, por medio de una enérgica y fundamentada representación, haciendo resaltar los derechos que le asistían a Cordillera sobre el territorio cuestionado y pidiendo inmediata sanción para los delitos cometidos por las autoridades del Azero. Sensiblemente, el Gobierno, en lugar de remitir los antecedentes a conocimiento de los tribunales de justicia para su juzgamiento conforme a nuestras leyes penales, los remitió al Poder Legislativo para su resolución como cuestión limítrofe, dejando de lado el galardón de ignominia conquistado por las autoridades azereñas.
El 23 de abril de 1.877, se había organizado en la ciudad de Sucre la «Compañía Nacional» con el fin de abrir nuevas vías carreteras y fluviales en el Oriente de Bolivia. Esta halagüeña como promisora esperanza, fue recibida en Cordillera con muestras de verdadera complacencia, pues creían los cordillereños que de esta manera se les habría para ellos una nueva etapa de progreso, Empero, poco habría de durar esta alegría; poco tiempo después constatarían que esta nueva institución no era más que un instrumento de las pretensiones territoriales de Chuquisaca sobre el territorio comprendido al oriente de la serranía de Incahuasi. En el art. 1o. del «Reglamento de Colonias» propuesto por dicha entidad y en su folleto publicado aquel mismo año, hacía consignar como territorio perteneciente a la Provincia del Azero, toda la gran región comprendida entre los ríos Parapetí y Pilcornayo y las serranías de Incahuasi y Aguaragüe, los mismos que como hemos visto, pertenecieron a Cordillera desde los primeros tiempo de la conquista, reconociéndosele a Santa Cruz, plena jurisdicción sobre dicho territorio, mediante diferentes actos administrativos y cédulas reales que tenemos citadas. La Junta Directiva de Cordillera, siempre alerta ante cualquier pretensión de sus vecinos del occidente y resuelta a defender los derechos cordillereños mediante la justicia que le asistía, en fecha 25 de junio de 1.877, dirigió al Supremo Gobierno una extensa y bien fundamentada nota, acompañada de documentos incontrastables, sobre el derecho de Cordillera en todo el territorio que pretendía arrebatársele.
El Poder Ejecutivo de la Nación, en conocimiento de los actos usurpativos que venían ejerciendo las autoridades de la Provincia del Azero provocando un verdadero conflictos de límites entre dos departamentos hermanos, dictó la Suprema Resolución de 12 de marzo de 1878, disponiendo el «statu quo» entre ambas provincias, disponiendo que las cosas deberían mantenerse conforme a la ley ereccional de 13 de octubre de 1 840 de la cual ya nos hemos ocupado extensamente y que delimitaba la jurisdicción de la Provincia del Azero entre los ríos Azero y Pilcomayo y complementada por la Resolución Suprema de 5 de febrero de 1841 que fijaba los límites occidentales de la Parroquia de Gutiérrez hasta la serranía de Incahuasi. Las autoridades del Azero habían infringido la Resolución citada, imponiendo la necesidad de que el Supremo Gobierno dicte la Orden de 7 de junio del mismo año por la cual se disponía el estricto cumplimiento del «statu quo” decretado mientras esta cuestión de limites sea resuelta por el Poder Legislativo, conforme a sus atribuciones específicas.
Pero los abusos, atropellos y avances sobre territorio cordillereño continuaban por parte de las autoridades del Azero, en su indisimulado afán de extender sus dominios sobre el territorio del Chaco, designando nuevas autoridades de Cordillera; en ficha 10 y 29 de mayo y 8 de junio de 1.878, se cursaron enérgicas y condenatorias notas entre los Sub-prefectos de Cordillera y del Azero, señores Avelino Chávez y Pedro Zárate, respectivamente, manifestando cada uno el derecho que le asistía sobre los territorios de Cuevo é Ibo y sus inmediaciones, ambicionados por las autoridades del Azero.
Por la Resolución Suprema del 9 de Agosto de 1.878, posterior a las de 12 de marzo y 7 de junio del mismo año, se evidencia en la misma forma como se ha evidenciado con los demás documentos que hemos citado y transcrito anteriormente, el denuedo de los vecinos de Cordillera por conquistar y colonizar los territorios del Chaco, arrebatándoles con ingentes sacrificios a las tribus salvajes que hasta entonces lo poblaban en toda su extensión. Dicha resolución se halla concebida en los siguientes términos: »Ministerio» de Gobierno. La Paz, agosto 9 de 1.878. Al Señor Prefecto del Departamento de Santa Cruz. Señor: He puesto en conocimiento del señor Presidente de la República su oficio de 12 de julio en el que comunica Ud. a este Ministerio el resultado de la expedición comandada por el ciudadano Manuel Blanco contra los bárbaros tobas, y que ha logrado avanzar treinta leguas hasta tocar los puntos de «Ñaguapúa», «Idoperendi» y «Guirayepirorenda» en cuyos lugares solicita Ud. la construcción de los respectivos fortines para seguir resguardando ese territorio y la población de «Macharetí». El Supremo jefe del Estado decidido siempre por el adelanto de la industria nacional y la colonización de las regiones incultas de la República, se ha servido prestar su aprobación para que se construyan los fortines pedidos.- Aprovecho de esta ocasión para suscribirme del Señor Prefecto su atto., y S.S,- (Fdo.) Daza. (Fdo.) Martín Lanza.
Sobre el particular cabe aclarar que los lugares mencionados se hallan ubicados entre las serranías de «Aguaragüe» e «Incahuasi», o sea al sud de Cuevo y en territorio ya ambicionado por el Azero. Esta Resolución no violaba el statu quo decretado por el mismo Gobierno de Daza, por hallarse fuera de los límites determinados por las disposiciones legales de 13 de octubre de 1.840, complementada por la de 6 de febrero de 1.841.
Sensiblemente, fue el mismo Gobierno del General Daza que con sus relaciones antes citadas, al mismo tiempo que se reconocía sin competencia para conocer en esta cuestión de límites, reconociendo igualmente la jurisdicción cruceña sobre los territorios pretendidos por Chuquisaca, había tratado de apaciguar los ánimos, decretando el statu quo, fue quien se encargó de arrojar más combustible a la hoguera. Sin embargo de que en la Resolución de 12 de marzo tantas veces citada, reconocía que «no corresponde a las atribuciones del Poder Ejecutivo demarcar los limites divisorios de los departamentos y provincias que constituyen la República de Bolivia, debiendo reservarse su Resolución para la próxima legislatura», fue el mismo Gobierno del General Daza, decimos, quien, sugestionado quizás por mezquinos intereses y mal informado por sus coterráneos, dictó la Suprema Resolución de 22 de Noviembre de 1878, ilegal y atentatoria en toda su extensión, disponiendo que los cantones de Cuevo é Ibo pasarían a depender de la Provincia del Azero del Departamento de Chuquisaca. La precitada Resolución en su parte dispositiva expresa lo siguiente: «1ro. – Que las tierras pertenecientes a Cuevo e Ibo quedan bajo la jurisdicción exclusiva de la Provincia del Azero del Departamento de Chuquisaca. – 2do. – Que las autoridades políticas de la Provincia de Cordillera no podrán penetrar bajo ningún pretexto a dichas tierras ni tomar intervención en expedición alguna y lejos de fomentarla se hallan en la obligación de prohibir toda tentativa aún de simple exploración. – 3ro. – Siempre que con infracción de esta Resolución las autoridades del Azero y Cordillera consientan en sus respectivas localidades nuevos motivos de desavenencia, los prefectos respectivos mandarán enjuiciar a las referidas autoridades sin embargo de separarles de sus puestos dando de ellos el correspondiente aviso al Gobierno». Hemos dicho que esta Resolución fue ilegal y atentatoria, ilegal y nula por haber sido dictada por el Poder Ejecutivo, sin tener facultades constitucionales para fijar y demarcar límites, según el propio Gobierno de Daza así lo había reconocido en su Resolución de 12 de marzo de aquel mismo año; atentatoria, porque de esta manera se atentaba contra la integridad territorial de una provincia y de un departamento hermano, arrebatándoles injustamente una gran parte de su territorio que con inefables sacrificios los había conquistado y administrado a través de más de tres centurias. El mismo gobierno desconocía ahora sus Resolución de 9 de agosto del mismo año que autorizaba a las autoridades de Santa Cruz, el establecimiento de varios fortines en la forma como lo tenemos ya expresado.
Esta mutilación de los territorios de Cordillera levantó una gran ola de protesta en toda aquella provincia, especialmente en las zonas afectadas por dicha Resolución.
Tratando de justificar títulos y derechos que Chuquisaca nunca poseyó sobe los territorios de Cordillera, el Dr., Samuel Oropeza publicó un folleto titulado: «CHUQUISACA SUS LIMITES CON EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ.» En dicha obra, inútilmente se esfuerza su autor por demostrar los títulos de Chuquisaca sobre la zona anexada al Azero mediante la Resolución de 22 de Noviembre de 1.878; con rebuscados argumentos denota solamente la falta de bases jurídicas para acreditar los derechos de Chuquisaca. En esta campaña literaria entre dos departamentos en defensa de sus derechos se llenan columnas íntegras de diarios y revistas. En Sucre, toman parte en la lucha la «Revista del Sud», en cuyos primeros artículos se empeña en vano de justificar el acto de barbarie cometido por el Sub-prefecto del Azero, Dr. Pedro Zárate, en el pueblo de Murucuyati el año 1.877. También salen a la palestra los periódicos «El Comercio*, «El Eco de Mayo» y otros voceros chuquisaqueños, esgrimiendo todos los argumentos que creían favorecerles en la defensa de sus derechos que sostenían en la Provincia de Cordillera.
En Santa Cruz tampoco faltaron afiladas plumas que con fundamentos irrebatibles defiendan el derecho de este departamento en todo el territorio pretendido por las autoridades de Chuquisaca. El Dr. Samuel Oropeza, encontró un vigoroso contendor en el eminente cruceño Dr. Victorino Rivero, quien por medio de un folleto intitulado «CUESTIÓN TERRITORIAL SOBRE IBO Y CUEVO» destruye los fundamentos esgrimidos por los defensores de Chuquisaca, respaldado en sólidas bases históricas y jurídicas. También asumen defensa en favor de Santa Cruz, algunos periódicos cruceños como «La industria», «La Estrella del Oriente» y el «Amigo del País», en cuyas columnas se registran medulares artículos de algunos intelectuales cruceños de aquella memorable época. Mas, todo reclamo o legítimo título de Santa Cruz, fueron llevados por el vendaval; más pudieron las maquinaciones subterráneas de las autoridades de Chuquisaca.
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Cuando todo parecía haber terminado definitivamente, cuando se creía que las ambiciones de expansión territorial de las autoridades del Azero, hubieran sido satisfechas, los tentáculos del vecino se extendían más y más, hasta pretender llegar a la margen meridional del río Grande o Guapay, para dejar a la Provincia de Cordillera, mutilada y desgarrada, es decir, llevándose los pueblos de Lagunillas (capital de dicha provincia), Gutiérrez, Charagua y todas las misiones y cantones situados entre los ríos Grande, Parapetí y Pilcomayo
En defensa de estos indiscutibles derechos territoriales, el entonces Prefecto de Santa Cruz. Dn. José Manuel Suárez, en fecha 29 de mayo de 1.879, dirigió un oficio al Ministerio de Gobierno denunciando nuevos atropellos cometidos por el Subprefecto del Azero, en territorio de Cordillera. Por tratarse de un documento inédito, lo vamos a transcribir in extenso; su tenor es el siguiente: «Tengo el honor de elevarle al Supremo Gobierno los oficios que en fecha 18 y 19 del corriente ha dirigido a esta Prefectura el Sub prefecto de Cordillera. Por ellos quedará enterado el Señor Ministro que las funestas consecuencias que los vecinos de esta ciudad y de la mencionada provincia manifestaron al Gobierno, tenían que desprenderse forzosamente de la Suprema Orden de 22 de Noviembre del p. pdo., ya principian a sentirse por los cordillereños que tienen actualmente sus intereses amenazados por los tobas, y sin poder acudir a su protección porque se les ha desposeído de los fortines de Cuevo e Ibo donde tenían fuerzas y autoridades prontas para la defensa en cualquier momento dado.- El Supremo Gobierno de la Nación al dictar las Supremas Resoluciones de 17 de diciembre de 1874, 12 de marzo de 1877 y la Suprema Orden de 22 de Noviembre citada, creyó satisfacer las aspiraciones del Subprefecto del Azero y con ello hacer desaparecer el conflicto que respecto a límites había surgido entre ambas provincias; mas, desgraciadamente no se ha podido abordar al fin propuesto. Las autoridades y vecinos de Cordillera, por su parte, y a pesar de ser los perjudicados, han acatado y obedecido hasta en lo mínimo, tanto los dos primeros como la última, pero no ha sucedido lo mismo por parte del Azero que todas las ha atropellado, como lo ha manifestado la prensa del país y los distintos reclamos que esta Prefectura y las autoridades de Cordillera han dirigido al Supremo Jefe del Estado. Últimamente, señor Ministro, con la repetida Orden Suprema de 22 de noviembre, ya debieron quedar superabundantemente llenadas las pretensiones del Sub-prefecto de la Provincia del Azero, puesto que había conseguido del Gobierno la jurisdicción sobre Cuevo e Ibo; sin embargo, parece que en vez de satisfacerlas, solamente han venido a servir de pábulo a su conducta absorbente sobre los terrenos de Cordillera; ya ha ultrapasado los límites de Cuevo e Ibo determinados por propia naturaleza en la serranía de «Itiyuro» o «Aguaragüe* situado como a dos leguas al oriente de Ibo, y ha penetrado en los terrenos que son dependientes de las misiones del Parapití Grande y de las de Macharetí y otras de la ribera derecha del Pilcomayo, pertenecientes a Cordillera El art. 3o. de la citada Orden Suprema de 22 de Noviembre es muy terminante, y en fuerza de él debe ser separado de la Sub-prefectura del Azero el Dr. Pedro Zárate que ha promovido y fomentado, nuevos motivos de desavenencias entre ambas provincias. Concluyo señor Ministro, insinuándole se sirva poner este oficio y los de su referencia en conocimiento del Consejo de Ministros encargado del Poder Ejecutivo, a fin de que tenga a bien dictar las providencias que estimare convenientes, como así mismo, la declaratoria que solicita el Subprefecto de Cordillera de que, la concesión suprema para que los cordillereños puedan edificar tres fortines en los puntos de «Ñaguapúa», «Iboperenda», «Güirayepirerorenda» a muchas leguas distantes y al oriente de Cuevo e Ibo, que no ha sido derogada por la citada Orden Suprema de 22 de noviembre de 1878, quedando en todo su vigor.- Dios guarde a Ud. (Fdo.) José MI. Suárez.»
El Consejo de Ministros que había reemplazado al Presidente Daza que se puso a la «cabeza del ejército de Bolivia en la campaña del Pacífico, atendiendo a los reclamos y solicitudes tanto del Prefecto de Santa Cruz como del Subprefecto y vecindario de Cordillera, destituyó al Subprefecto de la Provincia del Azero, Dr. Pedro Zárate, promotor de tantos atropellos y desavenencias entre aquellas provincias. El documento también inédito que transcribiremos a continuación, respalda esta aseveración, dirigido por el Prefecto de Santa Cruz al Ministro de Gobierno, cuyo tenor literal es el siguiente:- «Esta Prefectura queda impuesta por la nota de fecha 20 de junio último que el Consejo de Ministros encargado del Poder Ejecutivo con el laudable objeto de hacer desaparecer los inconvenientes suscitados por el Sr. Pedro Zárate Sub-prefecto de la Provincia del Azero, ha tenido por conveniente separarlo del desempeño de esa autoridad, nombrando en su lugar al señor Ensebio Orias.- Esta determinación producirá, sin duda, los efectos que apetece el Supremo Gobierno, cortando las frecuentes disensiones de los vecinos de ambas provincias, en cuanto al arreglo de sus límites y derechos legítimamente adquiridos, y restituyendo la calma y el goce pacífico de las propiedades territoriales de nuestros moradores es en la frontera, (Fdo.) José MI. Suárez».
Sólo después de la destitución que informa el oficio que en sus partes más principales hemos transcrito, pudo restablecerse una calma relativa, es decir cesaron las invasiones y los atropellos a territorios cordillereños, aunque las ambiciones parecían seguir incubando bajo el] manto obligado de la pacificación.
Sin embargo, las pretensiones territoriales de las autoridades del Azero siguieron reptando aún por algún tiempo todavía. La Comisión Visitadora de Tierras de la Provincia del Azero, había sorprendido la buena fe de las autoridades de Cordillera que creyeron una vez más que aquellas respetarían las distintas resoluciones pronunciadas por el Poder ejecutivo, tendientes a llevar la paz y la tranquilidad a los hogares de Cordillera, Sin mayores comentarios, transcribimos a continuación otro documento inédito; se trata de un. Auto Prefectural de fecha 4 de Noviembre de 1.880, concebido en Los siguientes términos; «Vistos, con lo expuesto por el señor Fiscal, y habiéndose tenido en este estado conocimiento de que la «Comisión Visitadora de Tierras de la Provincia del Azero» ha extendido su jurisdicción sobre la de Cordillera y que se halla actualmente practicando la mensura de los terrenos de dicha provincia para proceder a su adjudicación o venta, según lo comunica el Subprefecto en oficio de 24 del mes próximo pasado y habiendo ocasionado esta circunstancia la consulta y reclamación que con tal motivo dirige con fecha de hoy esta Prefectura al Supremo Gobierno, suspéndase mientras tanto, todo procedimiento al respecto hasta obtener la correspondiente resolución.- Regístrese, devuélvase, junto con ¡as solicitudes de fojas primera y segunda para lo que pueda convenir a los interesados – (Fdo.) Mujia».
El Gobierno Constitucional del General Narciso Campero que surgió ante la necesidad impuesta por el descalabro que nos trajo consigo la campana del Pacífico, asentado sobre bases legales, quiso encausar sus actos por medio de la justicia y de la corrección, sin incurrir en las arbitrariedades de su antecesor, dictó la Suprema Resolución de 20 de agosto de 1.881 en cuyas partes principales expresa lo siguiente: «Que por los obrados. referentes a su litigio sobre límites, aparece que el entonces Subprefecto del Azero D. Pedro Zarate, armó sin autorización suprema una expedición militar, con la que sorprendió en alta noche al inofensivo vecindario de «Murucuyati», compuesto de indígenas aliados y amigos, y les causó daños y perjuicios en sus personas y bienes. Que estos actos violentos no pueden en manera alguna cohonestar con el efugio de que los territorios, teatro del atentado, hubiesen sido antes usurpados, como se dice, a la provincia del Azero por los vecinos de Cordillera pues que siendo éste un punto de derecho, debía reclamarse y ventilarse por las vías legales y no por las violentas de hecho; se declaran nulas y de ningún valor todas las adjudicaciones de terrenos que hubiese hecho el referido Subprefecto Zárate en Cuevo, Ibo y Murucuyati; quedando libres y expeditas las acciones de los poseedores despojados de dichos terrenos para reclamarlos ante la Prefectura de Chuquisaca, manifestando los títulos y derechos con que los poseían antes del 19 de Noviembre de 1.877.- Que aparte de la nulidad de las adjudicaciones de origen criminal, es indispensable que se aplique la responsabilidad penal al Subprefecto delincuente, sus cómplices, fautores y encubridores en los atentados de 19 de Noviembre ya citado, y por tanto se resuelve: que el referido Subprefecto D. Pedro Zárate y sus cómplices y fautores sean inmediatamente sometidos a juicio por todos los delitos que hubieran cometido en dicha Provincia, en el despojo y repartición de las tierras.- Se recomendará eficazmente al ilustrado celo del Fiscal General, la vigilancia por la pronta terminación de ese proceso criminal, que tanto interesa en la vindicta pública y a la honra del país. Se servirá por tanto en su requerimiento, prevenir al Juzgado que en cada correo dé cuenta al Ministerio de Justicia del estado de la causa. (Fdo.) Campero.- (Fdo.) Eliodoro Villazón.
Todos estos antecedentes demuestran de una manera incontrovertible, los crímenes y atropellos perpetrados por las autoridades del Azero, bajo el pretexto de ejercer actos jurisdiccionales, como si esto fuera sinónimo del crimen, del despojo y del saqueo. Las autoridades de Cordillera preferían acudir a las vías legales porque tenían la seguridad de que les asistía el derecho y la justicia.
Sólo con medidas radicales tomadas por el Poder Ejecutivo, pudo ponerse atajo momentáneo a las pretensiones de Chuquisaca sobre el territorio perteneciente a Cordillera, Empero, quedaba, el problema latente, por no haberse resuelto definitivamente, ya que la Resolución, que acabarnos de transcribir, disponía que esta cuestión de límites debería ser sometida al Poder Legislativo.
El año 1886, el distinguido escritor cruceño D, Pedro Ignacio Cortez, publicó un enérgico y documentado folleto, en el cual hacía una valiente defensa de los derechos de Santa Cruz sobre la zona ambicionada por Chuquisaca. Esta publicación tiene el gran mérito de hallarse abundantemente respaldada por numerosos documentos históricos y jurídicos que de una manera irrebatible definen el derecho de Santa Cruz.
Sin embargo, de la mutilación que se consumó con la Resolución suprema de 22 de Noviembre de 1878, el Departamento de Santa Cruz se vio precisado a mantener sus dominios en gran parte de la zona anexada, en vista de haber sido casi abandonada por las autoridades del Azero, en quienes parecía que sólo existía el incentivo del atropello y el saqueo.
Con motivo del último alzamiento chiriguano de 1 892 que tuvo por cuna al rancho de «Cururuyuqui», ubicado en las inmediaciones de Cuevo e Ibo, fueron los vecinos de Cordillera los que, demostrando una vez más su espíritu de sacrificio y su férrea voluntad, los que tuvieron que movilizarse para contener al feroz chiriguano y fueron las poblaciones cordillereñas las que soportaron el desborde desolador de las hordas sublevadas. Fue de Santa Cruz de donde se dirigió el escuadrón militar a las órdenes del coronel Ramón González, alias «el Pachacha» con ¡a orden terminante de batir a todos los rebeldes en todas sus trincheras hasta exterminarlos; ciudadanos voluntarios de Cordillera se unieron a la expedición para colaborar con sus conocimientos geográficos y con su sacrificio personal.
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Sólo en la legislatura de 1.898, esta cuestión limítrofe fue llevada ante el Congreso para su dilucidación; la representación cruceña tuvo que hacer generosas concesiones para satisfacer las pretensiones de sus hermanos vecinos. Aunque en el folleto publicado por el Dr. Nicanor Mallo, uno de los abogados de la causa de Chuquisaca, manifiesta que «los límites septentrionales del departamento de Tarija nunca, jamás se han extendido hasta más allá de la margen derecha del Pilcomayo», dicho departamento tomó también parte en la solución del conflicto, reclamando también para sí una parte en la distribución de territorios cruceños. El Departamento de Santa Cruz desempeñó maravillosamente el papel de anfitrión, cediendo en primer lugar al Departamento de Tarija casi todo el territorio del Chaco Boreal que forma un triángulo irregular compuesto por la serranía de Incahuasi, el paralelo 21° y los ríos Paraguay y Pilcomayo; al departamento de Chuquisaca cedió toda la faja comprendida entre el 20° 27,33’ de latitud sud y el paralelo 21º hasta tocar con el río Paraguay por el oriente. De allí surgió la ley de 10 de Noviembre de 1.898 que se llamó transaccional, en cuyas partes principales expresa lo siguiente:- «Art. 1o.- El diferendo territorial preexistente entre los departamentos de Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija, se resuelve de la manera que sigue:- Se divide la zona litigada entre Chuquisaca y Santa Cruz, mediante una línea recta que, partiendo desde la serranía de Incahuasi cruce por el punto céntrico entre Cuevo e Ibo o sea la quebrada intermediaria del propio nombre a los 20º 27,5’ (latitud sud) y termine en la margen de rio Paraguay, a los mismos 20º 27,5’(latitud sud), según el mapa del señor Juan B. Minchin de 1.877 y 1.880. Art. 2o. Corresponde al Departamento de Santa Cruz, el territorio al norte de la línea así determinada, la cual quedará en todo caso al sud de Puerto Pacheco, y al departamento de Chuquisaca el territorio al sud de la línea fijada anteriormente, hasta el límite señalado con el departamento de Tarija. Art. 3o. La línea divisoria entre los departamentos de Chuquisaca y Tarija es el paralelo 21°, a partir de su intersección con el rio Pilco mayo, hasta el rio Paraguay, comprendiendo todo el Chaco Boreal, paralelo que se halla determinado en el precitado mapa del señor Juan B. Minchin, sin que, en ningún caso, una nueva determinación científica que pudiese rectificar su fijación geográfica, llegue a comprometer el territorio de las misiones de «Machareti» y «Tigüipa» que pertenecen a Chuquisaca y el de las de «Tarairi» y «San Francisco» que pertenecen a Tarija»
De esta manera, Santa Cruz quedaba desposeído de una gran extensión territorial, reconocida como de jurisdicción cruceña desde tiempos inmemoriales, en virtud de numerosas disposiciones reales y gubernamentales.
Sin embargo, las autoridades de Chuquisaca, en lugar de mostrarse agradecidas con Santa Cruz, por la generosa concesión que éste hiciera en favor de aquellas, se sintieron insatisfechas en sus insaciables ambiciones de expansión a costa de su vecino. Poco después alegaban que la ley transaccional, que hemos transcrito, no podría haber entrado en vigencia por no haberse cumplido la ley de 29 de Noviembre del mismo año que expresaba lo siguiente: Art. 1o. El Poder Ejecutivo residirá permanentemente en la capital de la Republica, salvo los casos determinados por la Constitución Política del Estado. Art. 2o. Si llegaron los casos previstos anteriormente, el Ejecutivo solo podrá permanecer fuera de la capital de la República durante el período de las funciones legislativas, debiendo restituirse a su asiento ordinario, inmediatamente después de las Clausuras de las sesiones. Art. 3o. – En los casos excepcionales señalados en los artículos precedentes, el Ejecutivo expedirá el decreto de convocatoria dentro de los sesenta días anteriores al designado para la apertura de las sesiones».
Como se deduce por ambas leyes que hemos transcrito para que nuestro auditorio pueda emitir su opinión con antecedentes legales, la primera no es ni puede haber sido subsidiaria de la segunda; tampoco en esta última se estableció que para que sea cumplida la primera, debería cumplirse también la segunda; ambas leyes tratan de cuestiones distintas e inconexas. El hecho de que el Poder Ejecutivo no haya residido en la capital de la República no puede afectar de ninguna manera a los derechos de Santa Cruz, Lo alegado por las autoridades de Chuquisaca con este argumento, raya en lo ridículo y no precisa de mayores fundamentos para destruirlo.
Para rebatir las nuevas pretensiones de Chuquisaca sobre el territorio comprendido entre los ríos Grande y Pilcomayo, basta es citar la ley de 24 de Noviembre de 1.909 que, al crear la segunda sección de la Provincia del Azero con la capital «Muyupampa» hoy «Villa Vaca Guzmán», señalaba que ella se compondría de los cantones: «Sapirangui», «Ticucha», «Igüembe», «huacaya» y «Ñacaroinza» sin que de ninguna manera se le haya asignado otros cantones que no se hallen dentro de los límites señalados en la referida ley transaccional de 10 de Noviembre de 1 898.
El año 1911 se realizó una demanda jurisdiccional, proveida por el Juez Instructor segundo de la ciudad de Santa Cruz, contra el juez Instructor de la provincia del Azero, con respecto a un litigio judicial de propiedades rústicas ubicadas en la margen septentrional de la quebrada de Cuevo, o sea en territorio asignado a Santa Cruz en la subsodicha ley de 1 898. El juez del Azero conoció del litigio el año 1.907 por encontrarse en acefalía el Juzgado de instrucción de Cordillera. Un año después, o sea en 1908, conoció en el mismo asunto el juez Instructor segundo de la ciudad de Santa Cruz igualmente por hallarse en acefalia el juzgado de Cordillera.
Dirimiendo la competencia promovida, el Supremo Tribunal de la Nación, dicto su Auto en fecha 18 de enero de 1.912. definiendo la competencia en favor del Juez del Azero, expresando: «que conforme al art. 233 de la Ley de Organización Judicial, en los casos de impedimento, ausencia o enfermedad de un juez Instructor, en las provincias donde existe uno solo debe ser suplido por el de la provincia inmediata; que no siendo el Juez Instructor de la ciudad de Santa Cruz el más inmediato al de Cordillera, pues, según los mapas oficiales, hay otros juzgados más próximos, carecía de jurisdicción para suplir a éste, y no podía, por consiguiente, promover y sostener, en representación suya, competencia sobre una jurisdicción que no le daba la ley»
Este supremo auto, – conforme hemos observado – de ninguna manera desconoce la jurisdicción de Santa Cruz sobre el territorio asignado a Santa Cruz al norte de la quebrada de Cuevo, sino que, aplicó el art. 233 de la Ley de Organización judicial modificada posteriormente por los arts. 2º y 3o de la ley de 19 de Octubre de 1.916, estableciéndose que el suplente debería tener su asiento «dentro del mismo distrito».
Las autoridades de Chuquisaca, con ambiciones insaciables, como el tonel de las danaides, según hemos observado anteriormente, se mostraron siempre reacias a cumplir las leyes y disposiciones que con respecto a límites se habían venido dictando ya sea por el Poder Ejecutivo o por el Legislativo. La ley de 10 de Noviembre de 1898, no obstante favorecerles ampliamente al ¡otorgarles territorios que nunca les pertenecieron, fue precisamente el único departamento que siempre la infringió, en su indisimulado afán de extender cada día más sus límites, aunque fuera a costa del vecino. Este obstinado desacato al mandato de las leyes, determinó para que las representaciones parlamentarias de Santa Cruz estén exigiendo constantemente su cumplimiento, ya sea por medio de minutas de comunicación o notas personales dirigidas al Ejecutivo, Finalmente, en fecha 14 de Noviembre de 1.911, el H. Senado Nacional, aprobó una minuta de comunicación dirigida al Poder Ejecutivo, pidiendo el cumplimiento de la mencionada ley. En cuya virtud, el Ministro de Gobierno, Dr. Aníbal Capriles, dirigió al Prefecto de Chuquisaca, una enérgica nota, llamándole seriamente la atención y ordenándole el cumplimiento estricto de la mencionada ley transaccional.
El año de 1912, cuando nuevamente la cuestión de límites debería ser llevada al Congreso Nacional para su consideración, la Sociedad Geográfica «Sucre» sugestionada también por las ambiciones expansionistas de las autoridades chuquisaqueñas, comisionó a su consocio Dr. Nicanor Mallo para que presentara un trabajo de carácter histórico geográfico con respecto a toda la zona ambicionada por aquel Departamento. Mucho tuvo que esforzarse el Dr. Mallo por encontrar documentos que constituyan título de Chuquisaca sobre el territorio de Cordillera. Finalmente, tuvo que conformarse con las que pudo encontrar, dándoles a ellos la interpretación más aproximada al propósito que lo animaba; el Dr. Mallo se dejó arrastrar por las sugestiones populacheras y por un egoísmo apasionado, aquel egoísmo que desconoce la razón y niega los hechos. Su trabajo, publicado en folleto, se halla saturado de errores históricos, desconociendo e ignorando acontecimientos incontrovertibles que señalaron a través de más de tres siglos, el dominio de Santa Cruz sobre el espacio de territorio que se denominó «Chiriguanía», Muchos de sus asertos los basa en el erróneo y descartado mapa del señor Ondárza, siendo así que oficialmente había sido reconocido el mapa del señor Minchín, conforme lo podemos comprobar en la tantas veces citada ley de 10 de Noviembre de 1898; también se apoya en el apasionado y errado informe del Padre Piccinini desconociendo el informe del Padre Gianelli con mayor valor histórico, por haber sido éste un infatigable misionero de las extensas regiones chaqueñas y no un simple visitante, habiendo solicitado siempre la autorización de las autoridades cruceñas para la catequización de las tribus salvajes diseminadas a lo largo del Chaco Boreal, de quienes recibió también sus sínodos para el sostenimiento del culto, conforme lo demuestra incontestable la Suprema Resolución de 10 de septiembre de 1.855 que hemos transcrito en otras páginas de este mismo trabajo. Otros argumentos como los que hemos citado no merecen nuestra atención, porque ellos han caído al más leve soplo de un estudio.
En otro párrafo del mismo folleto se lee lo siguiente: «Verdad es que ha sido generosidad y nobleza de carácter de nuestros representantes chuquisaqueños de la primera Convención de Bolivia, que fueron los que espontáneamente iniciaron la moción de erigir en departamento y ciudad a Oruro, con las tres provincias que nos pertenecían; así mismo cediendo a Santa Cruz las dos provincias de Mojos y Chiquitos, que la primera más después ha llegado a constituir el departamento del Beni».
Para respaldar tamaña falsedad histórica, el Dr. Mallo no cita los títulos jurídicos e históricos que dice asistirle a Chuquisaca sobre dichas dos provincias cruceñas. De modo que, según el Dr. Mallo, el territorio beniano también pertenece a Chuquisaca. Quien haya leído a Rene Moreno o a Finot, comprenderá fácilmente que tal afirmación no pasa de ser una de tantas falsedades emitidas por» los defensores de Chuquisaca. Por considerarla una aserción huérfana de todo respaldo histórico jurídico y por no extendernos más en esta breve charla, nos excusamos de exhibir los antecedentes históricos y los títulos legítimos e indiscutibles sobre el derecho que le asistió siempre a Santa Cruz sobre las provincias de Mojos y Chiquitos.
Lo más sensible de dicho trabajo es que él haya sido aprobado por la Sociedad Geográfica «Sucre» y prologada por su Presidente y Secretario respectivamente, quienes en sus opiniones emiten aberraciones inverosímiles que hacen ruborizar al sólo leerlos. Bástenos con transcribir este pequeño párrafo que dice: «Chuquisaca ha tenido y tiene títulos propietarios bien definidos a los territorios que se le disputan. Sus límites corren hasta el Abapó indiscutidamente.»
Los chuquisaqueños alegan que todos los territorios por ellos apetecidos pertenecieron en época de la colonia a la Audiencia de Charcas. Pero no dicen los mismos chuquisaqueños que si bien es cierto que dicho tribunal tuvo su asiento en Chuquisaca, su jurisdicción abarcaba a todo el Alto Perú, inclusive a la Provincia de Santa Cruz de la Sierra con todos sus partidos. Según el criterio de los abogados de la causa chuquisaqueña, toda Bolivia debería pertenecer a aquel departamento por haber dependido de la Audiencia de Charcas que funcionaba allí. En este último caso, la Audiencia de Charcas, hubiera carecido de jurisdicción para conocer en el pleito jurisdiccional suscitado entre Santa Cruz y Chuquisaca y que dio motivo al auto de la Audiencia de Charcas de 4 de septiembre de 1794.
En otro párrafo del folleto del Dr. Mallo se expresa lo siguiente: «La atolondrada y festinatoria ley del año 1.898, a la que se quiso dar el aspecto de transacción, no puede, no debe ser cumplida, porque esa ley fue condicional, y no habiéndose llenado la condición, es claro que la obligación que depende de aquella, tampoco puede ser exigible, habiendo quedado así dicha ley caduca de pleno derecho».
En páginas anteriores ya nos hemos ocupado de las leyes de 10 y 29 de noviembre de 1.898, en las cuales no se advierte ninguna condición dependiente la primera de la segunda. Por lo tanto, dejamos el comentario para nuestro selecto auditorio.
Sólo en la legislatura de 1.912, fue resuelto el conflicto territorial mediante la ley de 21 de octubre de dicho año, la que aclaraba y modificaba en parte los arts. 1o. y 2o. de la ley de 10 de Noviembre de 1898. Dicha ley está concebida en ¡os siguientes términos: «Art. 1º- La ley de 10 de Noviembre de 1898 sobre delimitación de fronteras entre los departamentos de Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija, queda aclarada en los siguientes términos: La línea divisoria entre los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz se trazará partiendo del punto de intersección del meridiano de Cuevo con la quebrara del mismo nombre, para seguir al occidente hasta la cumbre de la serranía de Incahuasi, en una recta sobre el paralelo correspondiente al punto de intersección indicado. Hacia el oriente, la línea divisoria seguirá el mismo paralelo del punto de intersección indicado, hasta el meridiano 46º París, según el mapa del General Pando, de 1.901, y de este punto, subirá por el mismo meridiano 16 kilómetros al norte, para tomar de allí el paralelo que corre hasta el río «Paraguay».- Corresponde al departamento de Chuquisaca el terreno comprendido al sud de la línea así determinada, sin excepción alguna, y al de Santa Cruz, el territorio comprendido al norte de la misma. Art. 3º – Si dentro de esa delimitación al pueblo de «Ibo» quedase al norte de la línea divisoria; queda entendido que corresponderá en todo caso al departamento de Chuquisaca. Art. 4º.- Queda inalterable el art. 3º de la ley de 10 de noviembre de 1.898, que se refiere a la delimitación entre los departamentos de Chuquisaca y Tarija.
En las deliberaciones previas a la dictación de la ley que hemos transcrito, tuvo destacada actuación parlamentaria el eminente y desaparecido hombre público, escritor y ex-Rector de la Universidad, Dr. Julio A. Gutiérrez, que a la sazón desempeñaba la Presidencia de la H. Cámara de Diputados, de calidad en representante por Santa Cruz, poniendo un poderoso atajo a las ambiciones territoriales de la representación chuquisaqueña, en su porfiado afán de ensanchar su jurisdicción a costa de Santa Cruz. Igual actuación desempeñó el Diputado por la Provincia de Cordillera, Dr. Marceliano Montero. Mediante esta ley, como en la de 1.898, el pueblo de «Cuevo» fue devuelto a su antigua jurisdicción el mismo que fuera arrebatado por la Suprema Resolución de 22 de noviembre de 1.878.
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Aunque Santa Cruz con estas dos leyes quedaba gravemente cercenado, en aras de la pacificación y la cordialidad que debe existir entre pueblos hermanos, tuvo que resignarse a perder un territorio superior a las seis mil leguas cuadradas.
Por entonces, quedaba zanjado tan enojoso litigio. Decimos «por entonces» porque al correr de los años y cuando el afán investigador de los cruceños descubra nuevas fuentes de riqueza en nuestro territorio, nuevamente se habría de despertar la codicia del vecino.
Descubiertos los ricos yacimientos de Petróleo por exploradores cruceños y fundado el pueblo de Camiri en la margen meridional del río Parapetí es decir, frente a la que fue misión de «San Miguel de Membiray», la ambición chuquisaqueña nuevamente comenzó a extender sus tentáculos subrepticiamente al principio y abiertamente» después, sobre la nueva población, hasta llegar a convertirse en una “aserción popular en la ciudad de Sucre de que Camiri pertenece a Chuquisaca”. Lo más extraño y censurable del caso, es conocer a destacadas personalidades de la Culta Charcas, hacerse eco de semejante falsedad con toda desfachatez.
El año 1928, el Dr. Manuel Ordoñez López, pronunció una conferencia en el seno de la Sociedad Geográfica «Sucre», en la que abogaba por una nueva división territorial de la Nación expresando entre otras cosas: «En Bolivia la desigualdad es excesiva, así los departamentos de Santa Cruz y el Beni, tienen una extensión territorial, el primero de 367 128 kilómetros cuadrados y el segundo 264 455 kilómetros cuadrados, y los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba y Oruro, el que más cuenta con 68.420 kilómetros cuadrados».
La conferencia del Dr. Ordóñez López fue bastante comentada y difundida por la intención que demostró el conferencista. En otra parte de su conferencia, agregaba; «debemos dirigir nuestras actividades a las regiones del oriente de la República, donde existen llanuras de clima perpetuamente primaveral, cubiertas de exhuberante vegetación y surcadas por caudalosos ríos, y en las que apenas hay unas pocas ciudades, villas y cantones», la intensión y sugerencia del conferencista no era otra que la desmembración del Departamento de Santa Cruz, por sus cuatro costados. Felizmente, El Dr. Ordoñez López no logró convencer a los demás departamentos hermanos para que estos pidan también su parte en la distribución de terrenos cruceños. Con fundamentos socio-geográficos le refutó el mismo año en la ciudad de La Paz, el ilustre cruceño desaparecido Dr. Mariano Saucedo Sevilla.
La conferencia pronunciada por el Dr. Saucedo Sevilla, publicada en folleto, antes que dejarse arrastrar por sentimientos egoístas, demostró mucha serenidad y, más que todo, profundidad en el tema abarcado.
Entre los defensores de la causa de Santa Cruz, ocupa también un lugar prominente el distinguido y eminente hombre público, historiador y diplomático, Dn, Enrique Fínot, que en diferentes legislaturas tuvo brillantes actuaciones parlamentarias, defendiendo con vehemencia y fundamentos los derechos de Santa Cruz.
Al haberse dictado el Decreto Supremo de 21 de diciembre de 1946 tendiente a crearse una nueva provincia en el departamento de Chuquisaca con capital Carandaití, se afirmó enfáticamente en muchos círculos chuquisaqueños que en la nueva provincia a crearse se hallaría involucrada toda la región perteneciente a Camiri.
Con este nuevo ingrato motivo, fruto de las ambiciones incubadas a través de muchos años, fue preciso que toda la sociedad cruceña, en todos sus géneros de actividades, se ponga nuevamente alerta para evitar que se consuma una nueva desmembración de su territorio, especialmente esta culta institución, que designó una comisión para que redactara un trabajo sobre el particular. Esta comisión estuvo integrada por nuestro actual Presidente Dr. Hernando Sanabria Fernández, el Dr. Leonor Ribera Arteaga y el Ingeniero Guillermo Kenning, quienes presentaron un bien documentado informe no solamente de carácter histórico geográfico sino también jurídico y económico. Ante los reclamos en forma preventiva realizadas por las autoridades y organismos representativos de Santa Cruz, él Supremo Gobierno prometió que se respetarían los derechos y jurisdicción de Santa Cruz. La creación de la nueva provincia anunciada, se efectuó recién el año 1.947. a la que se le dio el nombre de «Luis Calvo» con capital «Villa Vaca Guzmán» (antes Muyupampa) La comisión demarcadora de límites de la nueva Provincia que a este efecto se hizo presente en nuestra frontera meridional, trató de anexar a Chuquisaca un nuevo jirón de nuestro territorio, en el que se hallaba comprendido el pozo petrolífero denominado «Busch». Nuevamente fue preciso el inmediato y enérgico reclamo de las autoridades y pueblo cruceño, para que se evite otro despojo de nuestra jurisdicción.
Pero, atajado momentáneamente el avance chuquisaqueño sobre nuestro territorio, no por ello deja de constituir una latente amenaza para la integridad de Santa Cruz, requiriendo el constante estado de alerta de nuestras autoridades y la preferente atención que debe prestarse a esa rica región, fuente inagotable de riquezas que, actualmente con la regalía del petróleo, constituye un poderoso renglón de ingreso para el Erario Nacional, y, para Santa Cruz, la sombra tutelar que ha de hacer cambiar su fisonomía por medio de los servicios de ornato público que requiere para su progreso.
Y, cuando un día, la rueda de la civilización y del trabajo, avance por esas extensas regiones haciendo florecer aquellas ubérrimas tierras, aptas especialmente para la agricultura y la ganadería, constituirán el orgullo nacional y el ingreso más saneado de nuestra economía. Sólo con la explotación de las riquezas que encierra nuestro pródigo suelo en todas sus latitudes, podremos conquistar la independencia económica que tanto precisa nuestra Patria. Pido disculpas a mis respetados consocios por los errores que hayan podido deslizarse a través de esta modesta charla, como así también, agradezco por la atención que me han dispensado.
