Se cumplen 60 años de la heroica lucha cruceña por el 11% de las regalías petroleras – 5.11.2017

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En 1957 la dirigencia de Santa Cruz se enfrentó al Gobierno del entonces presidente Hernán Siles Suazo para exigir el pago de las regalías. La lucha costó la vida de jóvenes. Las mujeres fueron claves

El 29 de octubre de 1957, hace exactamente 60 años, el entonces presidente Hernán Siles Suazo decretó Estado de sitio en Bolivia con el objetivo de reprimir “peligrosas reacciones de carácter regionalista que ponen en peligro la soberanía de la nación”, argumentaba que se estaba gestando “una conspiración alentada por el exterior”.

El presidente se refería concretamente a los sucesos en Santa Cruz de la Sierra. Los cruceños reclamaban, y con justicia, el pago adeudado del 11% de regalías a la producción petrolera al departamento.

Desde la promulgación de la ley del 15 de julio de 1938, en la que se establece el pago del 11% de regalías a los departamentos productores de petróleo, el Estado boliviano no había desembolsado ni un solo peso a Santa Cruz por este concepto. Un nuevo Código de Petróleo, promulgado en 1955, eliminaba el pago de regalías al departamento productor. Por ello el diputado cruceño Virgilio Vega propuso una ley interpretativa al artículo 104° del mencionado código que proponía una participación justa de los beneficios del hidrocarburo. Esta ley interpretativa fue sancionada por el Parlamento, en diciembre de 1956, pero que el presidente Siles Suazo se negaba a promulgar.

Ante la crítica situación por la que pasaba el departamento por la pérdida de ese beneficio, se reorganizó el Comité Cívico pro Santa Cruz. En septiembre de 1957, su nuevo presidente, el Dr. Melchor Pinto Parada, envió una carta al mandatario Hernán Siles Suazo para exigir la promulgación de la ley interpretativa de las regalías petroleras. El pueblo cruceño y las instituciones ratificaron esta solicitud, ya que todos sabían que de las obras públicas dependía el desarrollo del departamento.

Presión
Llegado el mes de octubre y sin ninguna respuesta del Gobierno central, los cruceños trabajaban en una comisión para definir el monto de la deuda de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) al departamento desde 1938. Un incidente con la maquinaria de esta empresa, que debía ir a Cochabamba, desató el conflicto. Los jóvenes de la Unión Juvenil Cruceñista, creada el 7 de octubre por Carlos Valverde Barbery, decidieron tomar esa maquinaria y hacerlas trabajar en el arreglo de calles de la ciudad, situación que alegró a la población de Santa Cruz,  pero molestó aún más al Gobierno central, que vieron en estas acciones un peligro de separatismo.

El Estado de sitio y la acusación contra Santa Cruz, de conspirar contra la unidad del país, indignaron a los cruceños que se reunieron en la plaza principal en un cabildo abierto y definieron un paro cívico de 24 horas para el 31 de octubre.

El día del paro, las autoridades de Gobierno intentaron obligar al comercio cruceño a abrir sus puertas, por lo que una comisión de cívicos se reunió con el alcalde. Al retirarse la comisión, el Control Político, aparato represor del Gobierno, disparó por la espalda a las personas que salían del edificio; en el ataque fue asesinado Jorge Roca Pereyra y resultaron heridos otros cuatro jóvenes. El alcalde de la ciudad, Adán Weber, renunció al cargo en repudio a la masacre del Control Político por “haber burlado los derechos de mi pueblo, acallándolo con ametralladoras en la misma casa comunal”.

Ese mismo día, la Dra. Elfy Albrecht creó la Unión Femenina Cruceñista, que actualmente se conoce como Comité Cívico Femenino. A través de esta organización las mujeres se incorporaron en la lucha por la justa demanda del 11% de las regalías petroleras.
El asesinato de Roca Pereyra fue el detonante del mayor conflicto que enfrentó a Santa Cruz con el Estado central en el siglo XX.  El conflicto conocido como Luchas Cívicas se extendió desde ese momento hasta diciembre de 1959, cuando el entonces presidente del Senado, Rubén Julio Castro, promulgó la Ley Interpretativa de las Regalías Petroleras.

Milicias
El Gobierno de Hernán Siles Suazo movilizó parte del Ejército nacional a las cercanías de Santa Cruz, por el norte a Montero y por el oeste a Tarumá; en el interior de Bolivia fueron alistadas las milicias armadas del MNR.
El 2 de noviembre de 1957, el presidente Siles Suazo vino a Santa Cruz de la Sierra con el fin de negociar con el movimiento cruceño, pero mantenía su posición de no promulgar la ley interpretativa. Por su lado, el Comité pro Santa Cruz estableció una comisión negociadora conformada por Elfy Albrecht, Humberto Vázquez Machicado, Lucas Saucedo Sevilla, Ángel Sandoval y Hernando Sanabria; la comisión viajó a La Paz para consensuar una solución.
El 23 de noviembre se logró un acuerdo, por el que el 11% de las regalías que debía recibir el departamento se dividiría en 5% para la renta departamental y 6% para el Estado, que debería invertir los recursos en Santa Cruz.  El acuerdo alcanzado estaba muy lejano a lo establecido por la ley de regalías de 1938 y por la ley interpretativa de 1956. Este arreglo no dejó satisfechos ni a unos ni a otros, se buscaba pacificar la ciudad; sin embargo, los sectores del Gobierno, dirigidos por Luis Sandoval Morón, atacaron una fiesta de promoción en el Club Social 24 de Septiembre. Este hecho provocó que el 6 de diciembre las mujeres cívicas iniciaran una huelga de hambre -la primera huelga de mujeres en la historia boliviana- exigiendo la salida de Sandoval Morón.

Al día siguiente, el 7 de diciembre, los jóvenes unionistas se enfrentaron al Control Político, en esa lucha murió Gumercindo Coronado y otros siete jóvenes resultaron heridos. El presidente Siles Suazo envió a Santa Cruz al canciller Manuel Barrau para negociar con la dirigencia de la región, después de unos días regresó a La Paz y el jefe de Estado se comprometió a restablecer el pago parcial de las regalías.
En mayo de 1958, después de una revuelta de la Falange Socialista Boliviana (FSB), el Gobierno central aprovechó ese levantamiento para tomar Santa Cruz, enviando al Ejército y a las milicias armadas, compuestas por campesinos de Cliza y Ucureña, además  por mineros de Huanuni y Colquiri. El 16 de mayo tomaron la ciudad.

Tres días después se produjo la denominada Masacre de Terebinto, en la que murieron cuatro jóvenes: Felipe Castro Parada, Romer Mercado Ordóñez, Gabriel Candia Ribera y José Cuéllar Achával; asimismo hubo varios heridos.
El 26 de mayo el Dr. Melchor Pinto Parada fue exiliado a Argentina, donde permaneció hasta la amnistía de julio de ese mismo año. El regreso de Pinto apaciguó los ánimos, pero la situación se mantenía tensa.

A finales junio de 1959, la muerte de un policía en extrañas circunstancias, no aclaradas hasta el presente, provocó que el Gobierno instruya a sus tropas cercar Santa Cruz. Los jóvenes de la Unión Juvenil Cruceñista, ante la superioridad de las tropas gubernamentales, decidieron una retirada estratégica hacia el río Surutú donde fueron capturados más de 300 de ellos y conducidos a La Paz. El 9 de julio de ese año,  el Dr.
Melchor Pinto Parada fue exilado a Perú, donde permaneció por cinco años hasta la caída del  Gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). Las organizaciones cívicas fueron también clausuradas; en 1965 el Comité pro Santa Cruz se restableció.
El dinero proveniente de las regalías se consiguió gracias a la lucha del pueblo cruceño dirigido por el Dr. Melchor Pinto. Las regalías hicieron posible que el Comité de Obras Públicas, entre 1964 y 1978, trasformara y modernizara para siempre esta ciudad y el departamento.
Melchor Pinto Parada decía que las regalías constituyen “la única base firme para que un día no lejano se realicen las obras públicas de esta ciudad olvidada, se satisfagan las necesidades de las provincias y se inicie el desarrollo económico de todo el departamento”, y no se equivocó.

A 60 años del inicio de esas luchas, los cruceños debemos rendir homenaje a los jóvenes muertos, a los perseguidos y encarcelados y fundamentalmente a esos hombres y mujeres anónimos que con su determinación y convicción resistieron durante dos años los embates del Gobierno que se negaba a reconocer sus derechos.
(extraido del diario El Deber)

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