Debatido durante un penoso y largo proceso, la Asamblea Departamental de Santa Cruz se convierte en una de las últimas del país que consigue aprobar, el texto final de su Estatuto Autonómico.
Recordemos que el proceso autonómico cruceño fue debatido durante un largo tiempo, por iniciativa del Comité Pro Santa Cruz y luego fue aprobado en un referéndum que dio lugar a que se inicie un proceso político contra el gobernador Costas.
El visto bueno para esta norma departamental mereció la aprobación de la cruceñidad, en ocasión del famoso cabildo del millón, cuando la plaza del Cristo y sus alrededores se colmaron de ciudadanos.
En medio de un bosque de banderas verde – blanco – verde, la ciudadanía expresó su voluntad por trabajar por la aprobación de la autonomía departamental, en una aspiración que resta todavía mucho por ser concretada.
Tal vez el hecho que ha provocado la mayor demora en la aprobación de la norma, radica en el hecho de que los asambleístas consideraban que se trataba de la última palabra sobre el tema, a pesar de que queda todavía hay mucho por hacer.
Una vez que santa Cruz tocó el tema autonómico, recibió como respuesta el pronunciamiento de otros departamentos como: Chuquisaca, Beni, Tarija, Potosí que se pusieron a trabajar en elaborar su estatuto.
Esa acción a nivel nacional, dio lugar a que la Asamblea Constituyente decidiera la incorporación del concepto de autonomía, dentro de la nueva carta magna que hoy rige el Estado Plurinacional de Bolivia.
Alentada por la vocación populista de la Asamblea, dirigida desde el Ejecutivo, se decidió incorporar también dentro del documento, la autonomía de los treinta y seis pueblos indígenas originarios.
Desde el ministerio de Autonomías, creado para el efecto, se buscó adecuar los estatutos a la norma nacional y los primeros estatutos, aprobados antes de la Constitución, fueron los que merecieron mayor cantidad de observaciones.
Resulta interesante ver que ahora, a pesar de la aprobación por la Asamblea Departamental, varios representantes, tanto del oficialismo como de oposición, alentados por la Gobernación, se mostraron en desacuerdo.
Es importante tomar en cuenta que no se trata de la última palabra y que el documento es susceptible de modificaciones que con seguridad, serán planteadas en esta y en futuras administraciones.
Tal como sucede con la Constitución, el documento tendrá que adecuarse a las leyes en vigencia en el país y que serán modificadas, a pesar de la oposición actual expresada en el referéndum de febrero.
Tenemos en la actualidad en la mesa de negociaciones el Pacto Fiscal y con seguridad la aprobación de este acuerdo, relacionado con el financiamiento para ejecutar obras, pedirá modificar el estatuto.
Ninguna norma es eterna y ellas se van adecuando a medida que evoluciona el ritmo de las actividades políticas, con el propósito de hacer que los planes se pongan en marcha, para favorecer al pueblo.
